"En cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que declaró que esta decisión debía deslindarse de la ejecución de la sentencia dictada por ese órgano el pasado 3 de abril", destaca.
Responde a una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo respecto a la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
Por incumplir su deber legal de atender dicha solicitud que fue presentada en plazo, antes del anuncio de la subasta de la vivienda y rechazarla por causas no previstas en el Código de Buenas Prácticas.
