El conflicto, en vísperas de una manifestación de interinos de toda España en Madrid el próximo 22 de mayo, no parece que esté cerca de una solución clara.
Destaca que es "una operación de altísimo riesgo, que quebraría las pautas del fabricante, que quedaría exonerado de cualquier responsabilidad, que recaería sobre el Estado".
Denuncia que la nueva redacción de la Ley de infancia, que incorpora los delitos de odio, no recoja la cláusula general antidiscriminatoria que permitía denunciar cualquier motivo de discriminación.
Las nuevas leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital incluyen medidas para conciliar la vida personal, familiar y laboral de estos profesionales.
