"Los principios humanitarios deben ser tenidos en cuenta en cualquier situación jurídica máxime, como acontece en el presente caso, tratándose de una prisión preventiva", señalan.
A través del decreto 49/2018, aprobado por el gobierno balear el pasado 21 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de las islas Baleares el día 22.
