A través de la sección de Derecho y Discapacidad, y en colaboración con la Fundación ONCE, el ICAM prepara un proyecto "para mejorar la empleabilidad de los profesionales con discapacidad y apoyar a los despachos que eliminen barreras".
Considera que dicho acuerdo "no es la adecuación salarial que obliga la ley de PGE" y que incluso el contenido del mismo "hace que no se suba ni un euro a los letrados de la administración de Justicia".
Destaca que los juzgados tienen tres años para revisar la situación de personas con capacidad modificada judicialmente, patria potestad prorrogada o tutela.
