Los juzgados y tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 212 personas físicas y se abrió juicio a 49 personas jurídicas.
Uno de ellos ha sido condenado a un año más de cárcel por amenazar de muerte a un coacusado, que se encargó de almacenar parte de la droga, para que no hablase.
