Señala que parte de los hechos ya estaban siendo investigados por un Juzgado de La Coruña, y por otra parte indica que no encuentra ningún tipo de relevancia penal en el resto de las actuaciones llevadas a cabo por el presidente de la LFP que aparecen en la denuncia.
Lo acusa de apoderarse de 56.000 euros y de gastarse otros 18.000 para fines personales con la tarjeta otorgada por el Consejo para gastos de representación.
