Estima sendas medidas cautelarísimas solicitadas por un particular y un partido contra el decreto del gobierno catalán que las retrasaba al 30 de mayo.
Recuerda que "no existe una obligación legal de vacunación" y argumenta que la solución "debe ser examinada de forma predominante desde la óptica de la protección de la salud" de la mujer.
Sindicatos y patronal siguen analizando este fallo y sus consecuencias en un momento en el que se está negociando el nuevo convenio colectivo del sector.
