Los acusa de presunta prevaricación "por dictar una sentencia que va en contra de la jurisprudencia del TJUE, algo que está expresamente prohibido por el artículo 4 bis.1 de la LOPJ".
Para que se lleven a cabo las diligencias solicitadas por la Fiscalía: un informe pericial de la IGAE y un atestado de la UCO de la Guardia Civil sobre las ayudas que se investigan.
