En el marco de la investigación abierta a raíz de la publicación de unos audios en los que ésta afirmaba que en la adjudicación, en 2011, habían mediado 'mordidas'.
La Fiscalía pide 6 años de cárcel y una multa de 54.750 euros para cada uno de los 8 acusados, entre ellos también un primo de éstos y un supuesto testaferro.
