La sentencia absuelve a una empresa de una reclamación de más de 220.000 € por accidente laboral al demostrarse su correcto cumplimiento en prevención de riesgos laborales.
El antecedente del caso Javier Gómez de Liaño, indultado por el Gobierno conservador de José María Aznar, muestra el camino: la inhabilitación especial de 2 años impuesta por el Supremo a Álvaro García Ortiz, es indultable.
