Un juzgado de Madrid obliga a la Universidad de Alcalá a reconocer la validez del TFM que un alumno defendió en 2016 pese a no haber aprobado aún todas las asignaturas.
Aunque todas ellas pidieron penas de 3 a 6 años de cárcel para el fiscal general del Estado, los 2 años de inhabilitación consiguen el objetivo: apartarlo de la FGE.
