La justicia francesa considera probado que los acusados utilizaron los fondos europeos “con fines distintos a los legalmente previstos”, creando una red interna que operó durante años.
Según la Ley, todo cazador está obligado a indemnizar los daños causados con motivo del ejercicio de la caza, salvo que se pruebe la culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor.
