A raíz de sendos recursos de la Fiscalía y la AUGC, el Supremo revocó, por falta de motivación, la sentencia de la Audiencia de Granada que lo había absuelto en 2019.
Establece que la intervención fraudulenta de un tercero que suplanta la identidad de otra persona no excluye la infracción de la empresa por falta de consentimiento inequívoco para el tratamiento de datos personales que exige la Ley de Protección de Datos.
Se trata del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exdirector general de Trabajo Juan Márquez, por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.
