Plantea una cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 6.2 de la ley autonómica aprobada en 2016 en Euskadi por PNV y EHBildu, y que fue recurrida por el partido de Abascal.
Fuentes del caso señalan que Gallardo desempañaba un papel directo en la captación de inversores de criptomonedas, participando en reuniones y organizando encuentros
