La Audiencia de Lugo considera probado que realizaba trámites en su despacho de abogado que se correspondían con sus competencias en la administración pública.
La doctora tiene otra causa en un juzgado de Madrid contra el empresario y el excomisario, en la que pide 22 años de cárcel para cada uno por el apuñalamiento que sufrió supuestamente a manos de Villarejo.
La empresa se opuso alegando que las horas efectivas dedicadas fueron notablemente inferiores conforme resulta del registro de conexión online al curso.
