Según explica, pidió a la editorial que le enviaran un contrato de rescisión ya que quiere publicarlo, y le "presionaron" con que "o firmaba una cláusula de confidencialidad o se quedaban con el libro en constante fase de revisión durante 24 meses”.
También reclama el abono de una indemnización de 5,1 millones al Estado, y la suspensión de la actividad hasta que acredite el cese de las acciones contaminantes.
