El incendio sucedido en Torrejón de Ardoz, Madrid, ha provocado la solidaridad de todos los jueces decanos de la Comunidad. Confilegal.
Los 21 jueces decanos de Madrid advierten que la situación de deterioro de las sedes judiciales podría ser delictiva
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20/1/2017 06:00
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Actualizado: 20/1/2017 15:47
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21 jueces decanos de la Comunidad de Madrid afirman, en un comunicado, que el siniestro sucedido en los Juzgados de Torrejón la pasada semana no es un hecho aislado sino que podría reiterarse en otros juzgados de la región, lo cual podría ser delictivo.
«Este grave problema afecta en general (…) a la mayoría de las sedes judiciales y es previsible que puedan retirarse siniestros iguales al acontecido en Torrejón», dicen los jueces decanos de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, Torrelaguna, Torrejón de Ardoz y Valdemoro en un durísimo comunicado conjunto hecho público ayer.
Los hechos «desgraciadamente pudieran llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por lo que cabría plantearse la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos», añaden en el mismo.
Todo parece indicar que, para los 21 jueces decanos, la situación de desidia y abandono de las sedes judiciales ha tocado fondo.
Por eso instan a la Comunidad de Madrid, responsable del estado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales, a que «en evitación de incidencias mayores y antes de lamentar daños personales irreversibles, acometa de inmediato las actuaciones necesarias para que el estado de las sedes judiciales se adecue a la normativa en materia de seguridad y salud».
Y para garantizar que «todas las sedes judiciales cuenten con salida de emergencia y las mínimas condiciones de salubridad e higiene».
Fuenteovejuna
Los 21 jueces decanos, en un movimiento a lo Fuenteovejuna, recuerdan que «son numerosas las actas de infracción en materia de prevención de riesgos laborales levantadas sin que la CAM haya realizado las actuaciones precisas para corregir esta lamentable situación».
Como en una tormenta perfecta, todos los elementos parecen dirigirse hacia la persona del consejero de Presidencia, Justicia y Presidencia, Ángel Garrido, a quienes sindicatos, asociaciones de jueces y ahora decanos -estos sin nombrarle- responsabilizan de la mala situación de los edificios judiciales.
Los sindicatos han pedido su cese, la Comisión Intereasociativa de jueces de Madrid no quiere reunirse con él porque sus componentes no consideran que le esté prestando la atención que necesita la Justicia en Madrid, al tiempo que elaboran un informe radiográfico sobre las dependencias judiciales de la región; los jueces decanos piensan, a tenor del comunicado, que la cosa puede ir a peor.
A esto se une el Colegio de Abogados de Madrid, que expresó recientemente su preocupación por las «serias irregularidades» de las sedes judiciales madrileñas, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que va a interpelar a Garrido en el próximo Pleno para que explique lo sucedido en Torrejón, y Ciudadanos, que ahora propone un Pacto por la Justicia en la Comunidad de Madrid.
El incendio de Torrejón
De acuerdo con los 21 jueces decanos, «El incendio ocurrido en Torrejón de Ardoz (…) no es un accidente inevitable sino una de las consecuencias del deficiente estado y mantenimiento de la mayor parte de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, que podría haber tenido lugar en cualquier sede de la Comunidad».
Los máximos representantes de los 732 jueces que trabajan en la región madrileña revelan que la ubicación de juzgados en bajos de locales comerciales -como en Torrejón de Ardoz- o en edificios con distribuciones incompatibles con el desarrollo de la actividad judicial, el abandono del mantenimiento del sistema de climatización y la inexistencia de salidas de emergencia «son graves deficiencias comunes en la mayoría de las sedes judiciales».
Un extremo, afirman que es «sobradamente conocido» por los responsables de Bienes Inmuebles y por la Dirección General de Justicia.
«Lo único que se viene haciendo es ‘parchear los problemas’ sin arbitrar de forma seria los mecanismos precisos para solucionar definitivamente un problema grave y general que se viene arrastrando desde hace años», agregan.
Todo está en las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Las deficiencias que padecen los edificios, además, están descritas en las diferentes memorias de 2015 elaboradas por cada uno de los Juzgados que componen los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid y que figuran en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que preside el magistrado Francisco Vieira.
En la misma se describen los edificios como «obsoletos, carentes de las mínimas condiciones de seguridad estructural» que albergan, en muchos casos, «dependencias que carecen de ventilación, Juzgados y Oficinas diversas en plantas sótano o semi sótano».
Sin olvidar otras deficiencias tales como «grietas, humedades, acumulación de olores, falta de renovación de la red de saneamiento, sobreocupación, fallos continuos de los sistemas de calefacción y de aire acondicionado», y de ascensores.
Tales deficiencias, escriben, «no han sido atendidas por la Comunidad de Madrid más que con carácter puntual, escaso e insuficiente».
Inspección de trabajo
Las irregularidades apreciadas por la Inspección de Trabajo en las visitas realizadas al efecto «persisten». Y algunas, «como la existencia de edificios o juzgados sin salidas de emergencia, comportan evidente riesgo para la seguridad y para la vida de las personas en caso de accidente».
Los 21 jueces decanos recuerdan, en este sentido, que el local de Torrejón de Ardoz incendiado el 11 de enero pasado, el cual alberga a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de Primera Instancia 5, no tenía más que una salida, las ventanas estaban enrejadas y el sistema de alarma no saltó.
El incendio se produjo por un cortocircuito en una de las máquinas de climatización situadas en la única vía ídem entrada y salida a dichas dependencias.
Por ello, apoyan la decisión de la jueza decana de clausurarlo en tanto en cuanto no haya la seguridad completa de que las condiciones medioambientales no suponen un riesgo para la salud de los trabajadores y usuarios de la sede judicial.
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