Detenido un miembro de ‘la manada’ por la presunta sustracción de unas gafas
Ángel Boza, uno de los cinco condenados a nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016./ EP

Detenido un miembro de ‘la manada’ por la presunta sustracción de unas gafas

después habría tratado de arrollar CON el COCHE a dos vigilantes
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02/8/2018 01:54
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Actualizado: 02/8/2018 22:38
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Ángel Boza, uno de los cinco miembros de ‘la manada’, condenados a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento, fue detenido ayer por el supuesto robo de unas gafas de sol en una tienda de El Corte Inglés de Sevilla, y después presuntamente tratar de atropellar a los vigilantes de seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre las diez de la noche, en la barriada de Nervión.

Las gafas, de la marca ‘Oakley’, están valoradas en unos 200 euros. La Policía las recuperó tras la detención, que fue efectuada por una patrulla policial secreta.

Interceptaron al joven mientras conducía por la Avenida Menendez Pelayo, en las inmediaciones de los Jardines de Murillo.

Según fuentes policiales, Boza habría aprovechado un descuido del vendedor para quitar la alarma de seguridad a las gafas de sol y colocar en el expositor otras que llevaba consigo.

El encargado de la tienda se dio cuenta y avisó a seguridad del centro comercial, que lo localizaron en el aparcamiento, donde éste tenía su vehículo; y lejos de atender a sus indicaciones, supuestamente arremetió con el coche contra dos de ellos. Uno de los vigilantes resultó herido.

Cuanto le dieron el alto llevaba puestas las gafas de sol, que guardó en la guantera cuando el agente se aproximó al vehículo ya a pie.

Según recoge el atestado, le dijo a los agentes que si le habían dado el alto por el golpe que un guardia de seguridad le había dado en el aparcamiento del centro comercial, tras lo que se le comunicó que estaba detenido.

Boza se encuentra en las dependencias de la Policía Nacional en Blas Infante.

Se ha acogido a su derecho a no declarar al ser interrogado por los agentes de la Policía Local hispalense encargados de su caso, que ha sido comunicado a la Audiencia de Navarra como instancia que le ha condenado. Está a la espera de ser puesto a disposición del juzgado hispalense que ejerza las funciones de guardia.

Su abogado, Agustín Martínez, ha acudido a primera hora de esta mañana a la Comisaría.

Considera que la detención de su cliente no tiene por qué afectar a su actual situación de libertad condicional, aunque ha expresado su malestar por los hechos que «suponen un jarro de agua fría» para los otros cuatro miembros de la Manada.

Agustín Martínez ha lamentado que todos los miembros de La Manada, sobre los que ha reconocido que no son «ejemplo de absolutamente nada», se vayan a ver envueltos «en un titular por este asunto con el que no tienen nada que ver», cuando «están intentando tener un comportamiento ejemplar y esto supone una quiebra más de su anonimato». / EP

En una entrevista en Telecinco ha dicho que entiende que los hechos por los que ha sido detenido no afectan en «absolutamente nada» a la libertad condicional de su cliente, por considerar que la reincidencia tiene que tener relación con los delitos por los que está condenado en otro procedimiento.

El letrado se ha mostrado molesto: «Se me van a tener que dar explicaciones porque yo no voy a ir poniendo la cara públicamente para que me la partan y, aunque yo no soy responsable de lo que este señor haga, hay muchas personas afectadas».

En cuanto a las informaciones que apuntan a que Ángel Boza pudiese ser acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir con carné retirado, ha precisado que, según la familia, el detenido recogió recientemente en un juzgado el permiso de circulación con cuatro puntos en vigor. «Por lo que yo sé, este señor podía conducir perfectamente», ha expresado.

HASTA HACE UNOS DÍAS TENÍA RETIRADO EL CARNÉ

Según ha podido saber Confilegal, Boza fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla a una pena de 32 días de trabajo en beneficio de la comunidad y a la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses y un día por la comisión de una falta de desobediencia, y un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2014 cuando fue detenido conduciendo un vehículo ebrio y desobedecer los requerimientos de la Policía Local de Sevilla para que detuviera la marcha.

La sentencia se dictó el 23 mayo de ese año y fue de conformidad. El tiempo de cumplimiento de la pena de prohibición de conducir se inició el 23 de mayo de 2014 y finalizó el 18 de enero de 2015.

Después, el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla lo absolvió de un delito de quebrantamiento de condena referido a los trabajos en beneficio de la comunidad. Los trabajos empezaron a cumplirse, pero el condenado tuvo que dejar de cumplirlos por motivos laborales que se lo imposibilitaron. La sentencia es de 10 de abril de 2018.

Fue condenado nuevamente el 1 de febrero de 2016 por el Juzgado de Instrucción Número 10 de Sevilla por la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico y otro delito contra la seguridad vial por conducir una motocicleta bajo el efecto de bebidas alcohólicas y rebasar a gran velocidad un semáforo en rojo. Ocurrió en la madrugada del día 1 de febrero de 2016.

Aceptó una condena firme de multa de cuatro meses con una cuota diaria de 6 euros y ocho meses y cuatro días de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el delito contra la seguridad del tráfico; por el delito contra la seguridad vial recibió una condena de cuatro meses de prisión y otros ocho meses y cuatro días de privación del derecho a conducir. Se acordó la suspensión de la entrada en prisión durante un periodo de dos años.

Hace pocos días, el detenido retiró personalmente su permiso de conducir de las dependencias judiciales al haber cumplido ya el periodo de retirada.

‘CASO PASAPORTE’

El pasado 24 de julio, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra acordó mantener en libertad provisional al guardia civil de “la manada”, Antonio Manuel Guerrero, quien tres días después de su puesta en libertad habría acudido a dependencias policiales para intentar renovar su pasaporte, según informó la Policía Nacional en un tuit.

La resolución rechazó la petición de encarcelamiento de las acusaciones por supuesto quebrantamiento de una medida cautelar.

Contó con el voto particular discrepante del presidente de Sección Segunda, Francisco Cobo, que aboga por el encarcelamiento de Gerrero al estimar que este quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto de su excarcelación, dictado el pasado 21 de junio.

La Fiscalía, la acusación particular, ejercida por la joven que denunció la violación, y las dos acciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra-, reclamaron en la vista celebrada el pasado 5 de julio en la Audiencia Provincial el ingreso en prisión por riesgo de fuga de Guerreno, al considerar que intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares fijadas.

MEDIDAS CAUTELARES

Los  miembros de ‘la manada’, condenados a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016, quedaronen libertad provisional el pasado 21 de junio.

Al día siguiente salieron de la cárcel de forma provisional, a la espera de sentencia firme, tras abonar cada una fianza de 6.000 euros.

Su excarcelación también contó con el voto particular del presidente del tribunal, que se mostró partidario de la prórroga de la prisión hasta la mitad de la pena impuesta, 4 años y 6 meses.

Entre otras medidas cautelares, además del depósito de la fianza, el tribunal impuso a los jóvenes la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición de obtenerlo en un futuro, y están obligados a comparecer en el juzgado de guardia tres días a la semana -los lunes, miércoles y viernes- en el juzgado de guardia su localidad de residencia.

También tienen prohibido acudir a la Comunidad de Madrid, lugar de residencia de la víctima, la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio o procedimiento, y la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en esos domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria (orden de busca y captura).

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