Las causas judiciales abiertas por el 1-0 provocan el ‘acoso’ a los jueces

EL ‘CASO PROCÉS’, EN EL TRIBUNAL SUPREMO

En el Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsejeros catalanas Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí.

Por presunta rebelión, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, la ‘número dos’ de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

También están acusados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, y por supuesta desobediencia los exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’ señala en su auto de procesamiento que los encausados por rebelión impulsaron a la ciudadanía favorable a la independencia a que hicieran frente al dispositivo policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1-O.

Indica que esto  «supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación».

El juicio en el Alto Tribunal se prevé que se celebre el próximo enero.

Se deja en una pieza separada a los procesados, huidos de la Justicia, que han sido declarados en rebeldía (Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel). De regresar a España antes de que la causa prescriba serán detenidos y juzgados.

Fuentes del Supremo indican que a partir de ahora prevén varias semanas para que se confirme el cierre de la instrucción del magistrado Pablo Llarena y se dicte auto de apertura de juicio oral.

Desde que huyó a Bélgica, Carles Puigdemont ha viajado por distintas ciudades europeas, para llevar sus reivindicaciones por toda Europa, pero el pasado viernes reconoció que se siente «decepcionado» porque la UE no apoya la causa independentista./ EP

Se sentarán en el banquillo 18 acusados -nueve de ellos actualmente en prisión preventiva-, un proceso sin precedentes en el Alto Tribunal que suele ser un órgano de casación y no de enjuiciamiento.

El juicio podría durar entre dos y tres meses y se celebrarán sesiones de mañana y tarde. Con este calendario, las fuentes consultadas indican que la sentencia no llegaría hasta el próximo mayo.

Como es sabido, el instructor del ‘caso Procés’ está en la diana de los separatistas.

Además de la demanda por parte de los cinco políticos huidos –Puigdemont y Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig- contra Llarena, 11 de los implicados en la causa del ‘procés’ presentaron  incidentes de recusación presentados contra los cinco magistrados (Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral) que juzgarán este asunto en el Alto Tribunal. La Sala del 61 del Tribunal Supremo los rechazó el pasado 5 de septiembre, por unanimidad.

También un colectivo denominado QuerellatsXRepública, presentó una demanda colectiva contra él y otros tres magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal, que criticaron la resolución del tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el ‘procés’.

Además, el pasado julio, Llarena, su esposa, Gema Espinosa, y 15 amigos suyos sufrieron un escrache independentista de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Mont-ras (Gerona). Los Mossos abrieron a principios de este mes diligencias para investigarlo.

Entre las críticas que han vertido contra este magistrado, por ejemplo, del consejero encarcelado Josep Rull, que lo ha acusado de haber perdido su “prestigio” y de estar actuando en coordinación con el Gobierno. 

Por su parte, el presidente del Parlamento autonómico catalán, Roger Torrent, ha afirmado que este magistrado pretende “adulterar las mayorías parlamentarias” con su decisión de suspender de cargo público a 6 diputados. Según Torrent, se les imputan “delitos inexistentes, acusados a través de un relato falso que intenta atribuir una violencia que no ha existido nunca”.

Además, los separatistas han realizado pintadas contra el juez Llarena cerca de su segunda residencia, en la localidad de Das (Gerona). En ella se tildaba al magistrado de «fascista» y se le instaba a abandonar el municipio. Arran se la atribuyó a finales de marzo. Recientemente las ha borrado Ciudadanos.

? Este domingo, un grupo de voluntarios borró las pintadas que los comandos separatistas hicieron hace meses, frente a la casa del juez Llarena.
✋ Si el señor Sánchez no hace nada, ya lo hacemos nosotros #BastaYaDeSeñalar pic.twitter.com/YgHCaxEl2b

— Ciudadanos (@CiudadanosCs) 17 de septiembre de 2018

Ante las presiones recibidas y por la demanda del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros ante los tribunales belgas, el pasado 18 de septiembre, el Congreso de los Diputados mostró su respaldo a este magistrado.

EN LA AUDIENCIA NACIONAL SE CELEBRARÁ EL JUICIO CONTRA TRAPERO Y LA ANTERIOR CÚPULA DE LOS MOSSOS

Para la próxima primavera también se prevé que se celebre en la Audiencia Nacional el juicio contra el exsecretario general de la Conselleria de Interior César Puig; el exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler; el exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero; y la intendenta Teresa Laplana, por presunta sedición, y en el caso de los tres primeros también por supuesta organización criminal.

En el auto de procesamiento, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela indica que la inacción de los miembros del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra durante los días 20-21 de septiembre de 2017, en la concentración de unas 40.000 personas ante la sede de la Consejería de Economía catalana durante un operativo de la Guardia Civil contra la logística del 1-O, así como su actuación durante la jornada del 1 de octubre, podría ser constitutiva de preunta sedición como autores o cooperadores necesarios, por acción o por omisión.

Carmen Lamela, magistrada de la Sala Segunda del Alto Tribunal, junto a su padrino, Manuel Marchena, presidente de dicha Sala, durante la toma de posesión de su cargo el pasado 17 de septiembre./ Poder Judicial

La juez Lamela era desde 2015 instructora en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde desde el pasado otoño instruyó la causa del procés, aunque algunos de los encausados pasaron al Tribunal Supremo, justamente a la sala a la que ha accedido.

Ha ocupado en el Alto Tribunal la plaza convocada por el fallecimiento del fiscal general del Estado José Manuel Maza Martín, que precisamente fue quien presentó la querella contra los líderes separatistas el pasado otoño. 

La plaza que ha dejado vacante Lamela en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, será cubierta por concurso y en razón a la antigüedad de los solicitantes.

Mientras, se ocupa de los asuntos de ese Juzgado su sustituto natural, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6, Diego de Egea.

EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 13 DE BARCELONA, POR LA VINCULACIÓN CON LA LOGÍSTICA PARA PERMITAR CELEBRAR EL 1-0

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, del que es titular el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, mantiene abierta desde febrero de 2017 la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso separatista cometidos presuntamente por miembros del gobierno autonómico catalán o vinculados a él. contra una cincuentena de personas, principalmente cargos o excargos de la Generalitat, .

Ramírez Sunyer fue quien ordenó el amplio operativo que se llevó a cabo entre el 20 y el 21 de septiembre para truncar los planes del referéndum en las Consejerías catalanas de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la Consejería de Economía, de Junqueras.

Se saldó con la detención de 14 personas, la imputación de 20 individuos, 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

En uno de esos registros, en el domicilio de Josep María Jové, secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat, que ocupaba Oriol Junqueras, la Guardia Civil encontró el documento Enfocats, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, y una agenda con nombres y reuniones de los supuestos implicados en la misma.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, por orden del magistrado Ramírez Sunyer, fueron la base que posibilitaron a la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, ordenar la prisión preventiva de Junqueras y siete exconsejeros, y seguir manteniendo a Junqueras, a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y su homónimo de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, además del exconsejero de Interior, Joaquim Form. 

El magistrado ha pedido recientemente al Ministerio de Hacienda que sus peritos determinen cuánto gastó la Generalitat de Cataluña en la celebración de la consulta ilegal y de qué partidas salió el dinero.

Para el próximo 9 de octubre ha citado a declarar como investigada a Núria Llorach, máxima responsable de TV3, presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que comprende la televisión autonómica catalana y Catalunya Ràdio. Será la tercera vez que declare.

La imputación es por la difusión de los anuncios institucionales del referéndum ilegal del 1-O en TV3 y Catalunya Radio.

Nuria Llorach, presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Ramírez Sunyer también ha sido acosado por el separatismo. Hicieron pintadas en su domicilio y también junto a una casa que tenía alquilada en la Costa Brava, en El Port de la Selva (Gerona), y el casero se negó a renovarle el alquiler.

El grafiti que hicieron donde veraneaba el magistrado decía “M S j. 13 fora de Port”.

INVESTIGACIONES EN UNA VEINTENA DE JUZGADOS POR CARGAS, PRESUNTA DESOBEDIENCIA DE MOSSOS, Y CONTRA ALCALDES

En el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, del que es titular el juez Francisco Miralles, se investiga a 24 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el operativo policial del 1-O en varios colegios de Barcelona que ejercieron de punto de votación, y hay investigados cuatro de los ocho inspectores jefe que dirigieron dicho operativo.

Asimismo, hay numerosos procedimientos abiertos en otros juzgados catalanes contra agentes y mandos locales de Mossos por desobediencia, contra ciudadanos por resistencia a la autoridad yotros delitos e investigaciones abiertas por Fiscalía contra alcaldes que supuestamente colaboraron con el referéndum.

Hasta 23 juzgados de toda Cataluña han recibido denuncias relacionadas con el 1-O, la mayoría de ellas por lesiones contra la Policía y la Guardia Civil y contra los Mossos d’Esquadra por presunta desobediencia, y por el presunto uso de datos personales.

Por ejemplo, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Lérida este octubre ha citado a declarar como testigos a una veintena de Mossos d’Esquadra en la causa por presunta desobediencia el 1-O, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a los cuerpos policiales impedir el referéndum.

El magistrado del Juzgado de instrucción 4 de Lleida dictó el pasado marzo una resolución que afirmaba que tenía indicios de un plan organizado desde la dirección de los Mossos “encaminado a favorecer la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre”, y acordó inhibir las diligencias, en favor del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, del que era titular Lamela.

La magistrada rechazó el pasado abril la inhibición planteada por un juez sobre la causa por presunta desobediencia y sedición de los mandos de Mossos de Lérida el 1-O advirtiendo de que, si asumiera esa causa debería investigar la actividad de los 7.000 mossos que trabajaron el 1-O, lo que convertiría el procedimiento judicial en “total y absolutamente imposible”.