Manuel Marchena durante su intervención en las jornadas 'La nueva justicia penal ante la corrupción y la delincuencia organizada' del Movimiento 24Dos. Carlos Berbell/Confilegal.
Marchena rechaza ser apartado del juicio del procés y proclama su independencia
El magistrado califica de 'inaceptable' que pretendan recusarlo argumentando la negociación de la renovación del CGPJ
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30/11/2018 13:33
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Actualizado: 30/11/2018 14:39
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El magistrado Manuel Marchena, que preside la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que juzgará a los líderes independentistas catalanes, ha proclamado su independencia para juzgar el caso procés, y ha afirmado que jamás concibió el ejercicio jurisdiccional como instrumento al servicio de una opción política.
Así lo ha manifestado en su escrito de alegaciones contra las recusaciones presentadas por siete de los procesados en la causa -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Anna Simó y Jordi Cuixart- para intentar apartarlo. Lo ha presentado hoy.
«No puedo aceptar la recusación promovida porque carezco de todo interés directo o indirecto en la presente causa y no tengo ni he tenido nunca un interés directo o indirecto en el desenlace de una causa penal». Así comienza el magistrado su escrito, de cinco páginas.
Marchena califica de «inaceptable» los argumentos que estos utilizan: el acuerdo político para el reparto de vocales en el órgano de gobierno de los jueces y el whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
Recuerda que es la séptima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo en este órgano, y dice que recusar por el hecho de que en España el Parlamento elija a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sería tanto como descalificar las justicias de otros países como Bélgica, Portugal o Francia, donde los políticos también participan en la designación de miembros del Poder Judicial.
Asimismo, indica que «es más que evidente»que la participación activa del Congreso de los Diputados y el Senado en la designación de los vocales que no proceden de la judicatura «no puede conducir a la descalificación, por su falta de imparcialidad, del presidente y de los magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que resultan llamados al enjuiciamiento de hechos calificados por el fiscal como delictivos y que la acusación atribuye a responsables políticos».
RECUSACIÓN COMO ESTRATEGIA DEFENSIVA
El magistrado considera las recusaciones son «una estrategia defensiva» que obliga a ese tribunal a «razonar su distanciamiento respecto del objeto del proceso». En su caso, Marchena aduce que no puede aceptarlas y recuerda que el mensaje telemático sobre el que se sustentan procede de una tercera persona.
«La imparcialidad de un magistrado ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones», subraya en su escrito. «No puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias», añade.
Marchena reproduce en su escrito el comunicado que lanzó el pasado 20 de noviembre, cuando renunció como candidato a presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Era el candidato pactado por PSOE y PP.
El comunicado con el que Marchena anunció que no aceptaba la propuesta del Gobierno y el PP, y que continuaría al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
En él ya afirmó que «jamás» ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional «como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”.
También señaló que su trayectoria como magistrado “ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”.
Concluye su escrito de alegaciones diciendo que a su juicio «no es el mecanismo de designación el que conduce al excepticismo colectivo, sino las disfunciones que pueden surgir durante el proceso de elección y nombramiento».
Tras el escrito del juez Marchena, el presentado por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular -que ejerce VOX-, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe decidir ahora si las recusaciones de las defensas se rechazan de plano o se llevan finalmente a la Sala del 61 del Alto Tribunal.
LO QUE ALEGAN LAS DEFENSAS
El mismo día de la renuncia de Marchena a presidir el CGPJ, el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y del exconsejero Raül Romeva, pidieron la recusación del juez Manuel Marchena en el juicio del procés.
El abogado de ambos, Andreu Van den Eynde, alega que el “whatsapp de la vergüenza” que trascendió de Cosidó evidencia el control político que el PP y el PSOE ejercen sobre el juez y el propio tribunal.
En el citado mensaje, Cosidó señalaba a los senadores de su partido que este acuerdo permitiría controlar la Sala enjuiciadora.
Según la defensa de Junqueras y Romeva, el whatsapp de Cosidó atribuye a Marchena “características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación” en el juicio.
El letrado también alega que el proceso de selección de miembros del CGPJ ha desvelado “las espurias finalidades de la elección de vocales y presidencia” de este órgano judicial.
A su juicio, la propia renuncia final de Marchena a presidir el CGPJ da “veracidad al pacto previo contra la separación de poderes” de PP y PSOE para controlar los órganos judiciales y afectar negativamente a Junqueras y Romeva.
El expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull también presentaron un escrito ante el Alto Tribunal reclamando que el magistrado sea apartado del tribunal que los juzgue.
Además, pidieron al Supremo que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) para que el ‘procés’ se juzgue en Cataluña.
El abogado de estos tres acusados, Jordi Pina, afirma que del citado ‘whatsapp’ y de varias noticias publicadas se deduce que el magistrado “habría prestado inicialmente su conformidad” al pacto alcanzado entre el PP y PSOE para ser elegido como máximo representante del Poder Judicial.
También presentaron escritos de recusación la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, la exmiembro de la Mesa de la Cámara catalana Anna Simó, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El pasado julio, hasta 11 de los implicados en la causa también presentaron un incidente de recusación contra los magistrados encargados de enjuiciarlos: Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral.
Sin embargo, el pasado 5 de septiembre la Sala del 61 rechazó por unanimidad apartarlos. La decisión siguió el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en su escrito calificó de “fraude procesal y atentado a la buena fe” las pretensiones de los procesados para apartar a los magistrados.
El fiscal Jaime Moreno se opuso a apartarlos e incluso reprochó a los procesados que acudiesen a “este artificioso cauce” para “conseguir un tribunal a la carta” y retrasar la celebración del juicio.
Junqueras y Romeva también presentaron en mayo un recurso ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el auto del juez Pablo Llarena que acordó procesarlos por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el proceso para impulsar la hoja de ruta unilateral a la independencia de Cataluña. Fue desestimado.
En él sostenían que el “verdadero campo de debate” en la causa por el ‘procés’ es “si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos”.
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