El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, que investiga el ‘caso Cursach’, ha devuelto hoy los móviles y los ordenadores corporativos a los periodistas Blanca Pou y José Francisco Mestre, de Europa Press y Diario de Mallorca, respectivamente.
El pasado 11 de diciembre, el juez Miguel Jesús Florit Mullet, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, ordenó la incautación de los teléfonos móviles de estos periodistas, el registro de las redacciones de sus medios de comunicación y la aprehensión de ordenadores y documentación, con el fin de investigar un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el citado caso.
Los móviles y los ordenadores les han sido devueltos precintados.
Según el letrado de la Administración de Justicia del juzgado, han permanecido custodiados y depositados en la caja fuerte de las oficinas judiciales desde el pasado 12 de diciembre; casi 24 horas después de su incautación por la Policía.
En el escrito de entrega señala que «aparentemente, los dispositivos se encontraban en el mismo estado y situación que en el momento de su intervención» y que desde entonces han permanecido bajo su custodia.
Sin embargo, Europa Press entiende que la bolsa y el precinto con el que se han devuelto los ordenadores y el móvil «no garantizan en absoluto que el material no haya sido manipulado.
La agencia ha anunciado que está estudiando las posibles medidas a adoptar para conocer exactamente qué ha ocurrido con el material.
Europa Press, Diario de Mallorca y los dos periodistas afectados presentaron el pasado 13 de diciembre una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez Florit. El día 18 fue admitida a trámite.
Consideran que el auto del titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca constituye “un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia” y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista “disparatada e insólita”.
Lo acusan de los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas.
Además, piden que la investigación se amplíe a “las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos”.
El pasado 21 de diciembre, tres días después de admitirse a trámite la querella, Florit revocó el auto de requisa.
La redactora de Europa Press Blanca Pou ha manifestado que aunque haya recibido el material, la agencia seguirá con la querella porque «el daño ya está hecho».
Ha insistido en la importancia de saber qué otras diligencias se han hecho que puedan suponer la «vulneración de otros derechos».
También ha destacado que, aunque los precintos no están abiertos, «tardaron un día en entregarse al secretario judicial».
Europa Press ha informado que a Pou no se le ha hecho entrega de una documentación física que se ha intervenido en el marco de la investigación.
El redactor afectado del Diario de Mallorca, José Francisco Mestre, ha remarcado que este material no se entregó a la Policía de manera voluntaria ya que, según ha explicado, se presentaron tres agentes con una orden y los afectados no sabían si al negarse podían «incurrir en un delito de desobediencia».
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