Cuatro excargos del gobierno catalán denuncian que la causa del 1-O se adjudicó ‘irregularmente’ al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona

Cuatro excargos del gobierno catalán denuncian que la causa del 1-O se adjudicó ‘irregularmente’ al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona

Piden anular la causa alegando que se adjudicó al juez Ramírez Sunyer por su "obsesión" con el proceso independentista
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08/1/2019 12:19
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Actualizado: 08/1/2019 13:09
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El vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha informado que cuatro exaltos cargos del gobierno catalán presentarán hoy una denuncia por supuestas irregularidades en la adjudicación de parte de la causa del proceso independentista al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, alegando que «se escogió este juzgado por la ideología del juez» Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido el pasado noviembre.

Este juzgado, cuya titular actualmente es Alejandra Gil Lima, mantiene abierta desde febrero de 2017 la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso separatista, cometidos presuntamente por una cincuentena de personas, principalmente cargos o excargos de la Generalitat.

Aragonès, que ha hecho este anuncio en una entrevista en Rac1, ha manifestado que la causa no podía ir a parar a un juzgado que salía o entraba de guardia, como era el caso del 13, por lo que cree que se vulneraron las normas de reparto.

«Hay sospechas fundamentadas de que se ha puesto a un juez a dedo para que instruyera de una determinada manera», ha señalado.

Según ha explicado, los denunciantes son secretarios generales y otros cargos que han sido investigados por este juzgado, todos vinculados a ERC, «aunque puede que haya otros que se acaben adhiriendo».

ARGUMENTAN QUE RAMÍREZ SUNYER MANTENÍA UNA ‘AFINIDAD IDEOLÓGICA’ CON EL DENUNCIANTE 

Un exalto cargo en la etapa de Carles Puigdemont imputado en la causa abierta en Barcelona por el 1-O pide la nulidad de la causa porque considera que hubo una «vulneración flagrante» de las normas de reparto por parte del poder judicial para adjudicar el caso de forma «irregular» a Ramírez Sunyer, debido a su «sesgo ideológico» y a su «obsesión con la situación de Cataluña y España».

Así se desprende del escrito que presentará hoy su abogado, que ha avanzado la agencia Efe.

Éste denuncia que «todas las actuaciones se encuentran viciadas de nulidad desde el inicio como consecuencia de la irregularidad del reparto de la denuncia», y destaca que Ramírez Sunyer mantenía una «afinidad ideológica» con el denunciante y con los «intereses del Estado», por lo que considera que la instrucción ha adolecido de una «falta de imparcialidad subjetiva y objetiva».

También señala que las «dudas» sobre la «imparcialidad» de Ramírez Sunyer son «numerosas». Cita, por ejemplo, que  en mayo de 2017, se tenía que jubilar y se le prorrogó su servicio en activo hasta los 72 años, pese a que ya estaba enfermo «y se podía dudar de que llevara a cabo toda la instrucción».

«El fallecido juez instructor, pese a sufrir una grave enfermedad, se dedicó en exclusiva a una causa tan compleja y, además, prorrogó su jubilación hasta los 72 años«, indica.

Asimismo, apunta que la «obsesión» del juez respecto al proceso independentista era «tan patente» que incluso un vocal del CGPJ, José María Macías Castaño, publicó un artículo en que, refiriéndose a Ramírez Sunyer, destacaba que éste «siempre se negó (a dejar el juzgado), obsesionado con culminar una investigación en la que tanto se juegan Cataluña y España». 

«Sospechamos que se articuló todo un sistema para que fuera a parar a un juzgado determinado para hacer la instrucción en una línea determinada», ha indicado Aragonès.

El vicepresidente catalán ha subrayado que si se demuestra que el juzgado 13 no era competente, la causa deberá ser declarada nula.

«No se podría usar nada de esa causa, si es nula, en el Tribunal Supremo, y tendrían que atribuirla a otro juez, de acuerdo con las normas de repartición, y que volviera a comenzar», ha expresado.

Aragonès también ha informado que ha costado mucho tiempo obtener pruebas de esta presunta irregularidad y ha confiado en que se podrá demostrar.

Ha recordado que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, están en prisión por esta causa, por lo que, de prosperar la denuncia, «debería actualizarse su situación de acuerdo con la información que se puede utilizar, y que no es la del Juzgado 13».

SU INSTRUCCIÓN DE RAMÍREZ SUNYER ES LA BASE DE LOS PROCESAMIENTOS DE LOS 18 ACUSADOS EN EL ‘CASO PROCÉS’

La instrucción realizada por el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer es la base de los procesamientos de los 18 acusados en el ‘caso procés’ que desde mediados de este mes van a ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia.

También es la base de las acusaciones contra los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra en el caso que contra 4 personas se sigue en la Audiencia Nacional.

Ramírez Sunyer fue quien ordenó el amplio operativo que se llevó a cabo entre el 20 y el 21 de septiembre para truncar los planes del referéndum en las Consejerías catalanas de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la Consejería de Economía.

Se saldó con la detención de 14 personas, la imputación de 20 individuos, 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

En uno de esos registros, en el domicilio de Josep María Jové, secretario general de la vicepresidencia de la Generalitat -que ocupaba Oriol Junqueras-, la Guardia Civil encontró el documento Enfocats, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, y una agenda con nombres y reuniones de los supuestos implicados en la misma.

La investigación arrancó a raíz de una denuncia de un ciudadano del que no se conoce la identidad por las declaraciones vertidas en enero de 2017 por el entonces senador de ERC y juez Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, una partida secreta para crear estructuras de Estado y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.

A dicha denuncia le siguieron dos querellas, una de VOX y otra del abogado Miguel Durán.

Ramírez Sunyer accedió a la Carrera Judicial en 1991 por el turno libre.

Durante sus 27 años de servicio ininterrumpido, estuvo destinado en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Sant Boi de Llobregat, en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Terrasa, en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Badalona, localidad donde fue Decano, y en el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

El pasado 5 de diciembre, la Permanente del CGPJ propuso por unanimidad la Cruz de San Raimundo de Peñafort para Ramírez Sunyer.

La decisión sobre la concesión corresponde al Ministerio de Justicia, que necesita de este informe previo del órgano de autogobierno de los jueces.

Entre otros méritos, los jueces de lo Penal de Barcelona y la Sala de Gobierno del TSJ destacaron la “independencia, imparcialidad e integridad” de Ramírez Sunyer así como “su labor callada y constante en el cumplimiento de sus deberes judiciales”.

Especial consideración merece, según los proponentes, “la labor desarrollada durante la última etapa de su vida”, pues no dejó de trabajar en ningún momento “pese a la dura enfermedad y pese a la exigencia que la complejidad de las causas que instruía le demandaba”.

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