De izquierda a derecha, Concepción Rodríguez, de FJI, Miguel Pallarés, de APIF, Raimundo Prado, de AJFV, Emilio Fernández, de UPF, Cristina Dexeus, de AF, Manuel Almenar, de la APM, e Ignacio González Vega, de JJpD, en una foto tomada el 4 de mayo pasado, en la manifestación que llevaron jueces y fiscales ante el Ministerio. En la foto pequeña, el presidente Pedro Sánchez. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Jueces y fiscales hacen 11 propuestas básicas al Gobierno para mejorar la Justicia
Las asociaciones anuncian que de su cumplimiento dependerá el calendario de movilizaciones
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28/1/2019 11:55
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Actualizado: 11/4/2023 11:41
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Las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente(FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- y las tres de fiscales –Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) – trasladan al Gobierno 11 propuestas básicas para «mejorar la Justicia».
El pasado 23 de enero, los líderes de las siete asociaciones acordaron comenzar paros de cuatro horas, tres días consecutivos el primer mes, en horas de audiencia, y una huelga en protesta por la «ausencia de respuestas» a sus reivindicaciones.
Además, pactaron elaborar una serie de propuestas concretas para presentar al Gobierno “para obtener alguna mejora de la situación de la Justicia”, que son las que han remitido ahora al Ministerio de Justicia, y han difundido hoy un comunicado.
Indican que «en ningún caso implican una renuncia a las 18 propuestas suscritas por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales».
ANUNCIAN PAROS PARA EL 5,6 Y 7 DE MARZO DE 10 A 2
Además, ponen fecha a las movilizaciones. Anuncian un primer paro de tres días en horario de audiencia (entre las 10.00 y las 14.00 horas) para los días 5, 6 y 7 de marzo.
«El resto de paros y medidas se irán concretando según vayan evolucionando las negociaciones con el Gobierno», informan las asociaciones y advierten que «en el caso de no avanzarse en ellas, los paros podrán verse repetidos en meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, semanales e, incluso, paros indefinidos».
Las propuestas que han trasladado al Gobierno son las siguientes:
Desarrollo reglamentario del artículo 437.2 en órganos judiciales sobrecargados, asignándoles dos jueces de manera permanente, con el correlativo aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones.
«Derogación urgente» del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurriendo al Real decreto ley si es necesario, evitando casos de impunidad en casos de corrupción como los de Murcia y Granada.
Paralización de la “Justicia Digital”, replanteo de su implantación, aplicaciones y solución de problemas de la herramienta informática.
Convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal.
Efectivo incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales (80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado.
Retribución de las guardias conforme a la responsabilidad del cargo, modificando para ello la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las carreras judicial y fiscal.
Retribución de las sustituciones de manera completa, conforme al Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo.
Desarrollo del complemento de carrera profesional, introducido en la reciente reforma de la LOPJ (art. 403.2), para fijar sus criterios, requisitos y cuantías de este nuevo concepto retributivo.
Recuperación del exceso de bajada retributiva sufrido «injustificadamente» por las carreras fiscal y judicial con relación a la media de bajada que sufrió la función pública, aceptando un plan progresivo en este ejercicio y en los inmediatamente siguientes.
Inclusión de la partida de 7.000.000 € en el capítulo I de los PGE o, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda, para su reparto entre las carreras judicial y fiscal.
Derogación «urgente» de la nueva redacción de los artículos 307, 326 y 347 bis LOPJ, operada por la LO 4/2018 de 28 de diciembre, para volver a la anterior redacción.
Son propuestas “claras, firmes y de posible acometida sin necesidad de reformas legislativas de calado y no precisamente todas ellas con específica dotación presupuestaria” y “estarán sometidas a un plazo de ejecución breve como condición para cesar en las movilizaciones”.
2019 SE PRESENTA CON LAS MISMAS REIVINDICACIONES DE 2018
Las asociaciones de jueces y fiscales llevan dos huelgas, en mayo y noviembre de 2018, y 2019 se presenta con las mismas reivindicaciones, algunas de ellas solicitadas también al presidente del Gobierno por carta, como la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y que apoyara que los jueces y magistrados puedan elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de extracción judicial y que no han sido atendidas por el Ejecutivo.
Se quejan de falta personal, exigen una reorganización del trabajo, y reclaman mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. Una de sus principales reivindicaciones es que se derogue la norma que limita los plazos de instrucción de las causas, el citado artículo 324 de la LECrim.
Este precepto establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas.
El pasado 6 de diciembre venció el plazo máximo de 36 meses fijado para instruir las causas complejas incoadas antes de la entrada en vigor del artículo 324 LECrim.
Tras conocerse el pasado 20 de diciembre la absolución en un presunto caso de corrupción en Murcia, que afecta al expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP), por haber excedido el plazo de investigación, la UPF alertó por enésima vez de que «la vigencia de un plazo máximo de investigación puede ser una vía de impunidad de graves delitos».
El 10 de enero, las asociaciones se reunieron con Justicia y dijeron que había sido “decepcionante”.
Por parte del Ministerio estaban el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la directora General de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte; y varios asesores del Ministerio.
La ministra no pudo asistir por temas médicos.
Las asociaciones informaron en un comunicado informaron de que “después de generar ciertas expectativas en la reunión del pasado 19 de diciembre», los representantes del Ministerio de Justicia no ofrecieron «nada concluyente”.
Afirmaron que aparte de la subida del resto de la Administración General del Estado y de la partida de 0,2 % de la masa salarial para los jueces y fiscales de las categorías inferiores (a abonar en una única paga en 2019) –que ya se les dijo en la anterior reunión–, se divagó acerca de futuribles y posibles líneas de negociación con el Ministerio de Hacienda, sin concretar nada.
“Desde el Ministerio se nos ha transmitido la necesidad de tener paciencia para obtener resultados a largo plazo», explicaron.
También criticaron que no se les hubiera facilitado ningún sobre las partidas presupuestarias destinadas a Justicia contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos que se aprobaba al día siguiente en el Consejo de Ministros.
A lo que las asociaciones dieron su visto bueno fue al aumento de sueldo de los jueces de las últimas promociones y de los fiscales de quinta categoría -908 fiscales y 789 jueces; 1.697 en total-, de 777 euros brutos anuales para cada uno, abonables en una sola paga o 54,49 euros brutos divididos en 12 mensualidades.
El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 conocido al día siguiente contemplaban la creación de 100 nuevas plazas para jueces y fiscales, una cifra que resultó no ser correcta, según comunicaron a Confilegal fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.
Informaron de que eran 500 y que el error se subsanaría mediante una enmienda, una vez que comience el proceso parlamentario.
Otra cosa que también han conseguido las asociaciones de jueces y fiscales es que Justicia les reconozca el derecho a huelga, reclamado por el colectivo desde hace años, en aplicación del artículo 28 de la Constitución y del Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones laborales.
El pasado diciembre, Delgado igualó a jueces y fiscales con el resto de funcionarios al descontar a los jueces y fiscales la parte proporcional del sueldo por hacer huelga el pasado 19 de noviembre, y a los letrados de la Administración de Justicia, que pararon dos horas el 16 de noviembre. Hasta el momento no lo tenían reconocido oficialmente, pero tampoco la ley se lo negaba.
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