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El BBVA declara el jueves como persona jurídica investigada por el ‘caso Villarejo’

Está imputado como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negociosEl excomisario José Manuel Villarejo, y en la imagen pequeña el exjefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo.
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El BBVA está citado a declarar como persona jurídica el próximo jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, por los contratos que durante 13 años y por importe superior a los 10 millones de euros habría suscrito con las empresas del excomisario José Manuel Villarejo bajo la presidencia de Francisco González.

En representación de la entidad acudirá a la Audiencia Nacional el director del servicio jurídico de BBVA España, Adolfo Fraguas.

El BBVA está investigado en la novena pieza separada de esta macro causa por la que Villarejo está en prisión provisional desde noviembre de 2017, sospechoso de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo, entre otros.

El juez instructor imputó al BBVA como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

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Ha sido imputado con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, rechazando así, por el momento, la posibilidad de que pueda personarse en la causa como perjudicado.

Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.

Según la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación del banco el pasado julio, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, “de naturaleza patrimonial y carácter ilícito”, además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron “múltiples” vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

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La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, propiedad de Villarejo, afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

La parte más conocida de la pieza número 9 es la denominada ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

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Según varias informaciones periodísticas, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimiento de políticos, empresarios y periodistas, entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

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Tras verse involucrado en esta presunta trama de espionaje, Francisco González dejó a mediados de marzo la presidencia de honor de BBVA y la Fundación temporalmente, y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación interna para esclarecer los hechos.

Francisco González abandonó la presidencia del grupo BBVA el 31 de diciembre de 2018, tras cumplir 75 años; cargo en el que le sustituye el hasta entonces consejero delegado, Carlos Torres, a quien sucedió el turco Onur Genç. Foto: EP  

Hasta el momento, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, a quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión, que ya ha abonado.

Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y su exdirector de finanzas, Javier Malagón Navas.

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El BBVA, que viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, abrió en junio de 2018 una investigación interna interna sobre la contratación y los servicios prestados por la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, y que solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible.

La entidad ya ha presentado este informe, denominado ‘forensic’, ante el Juzgado.

La investigación ha estado liderada por los despachos Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC, «todo ello con el impulso del consejo de administración», según ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres.

PINEDA SE HA QUERELLADO CONTRA VILLAREJO, EL BBVA, FRANCISCO GONZÁLEZ Y JULIO CORROCHANO

El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc), Luis Pineda, se querelló el pasado 8 de julio contra el excomisario José Manuel Villarejo, el BBVA, el expresidente del BBVA Francisco González, contra Julio Corrochano, exjefe de seguridad de esta entidad bancaria, y contra el inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla.

Los acusa de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, así como todos los demás delitos que pudieran aparecer durante el transcurso de la investigación.

La presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN, del que es titular García-Castellón,el bufete Durán & Durán Abogados, que representa a Pineda.

El bufete manifestó entonces en un comunicado que «existen indicios racionales de criminalidad que determinan que Francisco González, el que fuera presidente del BBVA, y Villarejo han dirigido una organización criminal en la que el primero fijaba los objetivos y el segundo, junto con el resto de integrantes de la asociación para delinquir, a cambio del precio que abonaba el BBVA, han recurrido sistemáticamente a la comisión de numerosos delitos, tales como escuchas clandestinas de conversaciones ajenas, acceso ilícito a bases de datos, tráfico de influencias o la ejecución de actos propios inherentes a los cargos públicos que ocupaban, y todo ello para cumplir los ilícitos encargos en beneficio del BBVA y de su presidente».

Apunta que «entre la pluralidad de personas que han sufrido las “acciones agresivas y desestabilizadoras”, expresión que utiliza el propio Corrochano en una de las grabaciones afloradas en prensa, para destruir a los enemigos del BBVA, se encuentra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por cuya destrucción pagó el BBVA más de dos millones de euros». 

Para Durán & Durán Abogados, «las razones de Francisco González y el BBVA para llevar a cabo ese desembolso económico contra» Pineda estaban «perfectamente justificadas».

Destaca que «Ausbanc es la que ganó, en primer lugar, ante el Tribunal Supremo la declaración de abusividad de las cláusulas suelo que el BBVA incluía en sus préstamos hipotecarios y, en segundo lugar, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la obligación de devolver la totalidad de lo cobrado indebidamente por el banco; lo que supuso para el BBVA unas pérdidas económicas directas de más de 600.000.000 euros (cifra que, en todo caso, se calcula a la baja al ser los datos económicos del BBVA opacos en este punto)».

Por su parte, el BBVA ha retirado la acusación contra Ausbanc en la causa que se sigue contra esta entidad en la Audiencia Nacional como presunta organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

La decisión se produjo un día después de que Pineda se querellara contra Villarejo, el BBVA, González,  Corrochano y Bonilla.

El juicio está señalado para el próximo 23 de octubre y se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta.

LA CNMV ESPERARÁ A CONOCER EL SUMARIO PARA DECIDIR SI TOMA ALGUNA MEDIDA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esperará al levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Villarejo’ sobre el BBVA para decidir si adopta acciones legales o no al respecto, según informó en septiembre en el Congreso de los Diputados su presidente, Sebastián Albella.

Durante su comparencia para explicar el informe anual de actividades de 2018, indicó que «cabe la posibilidad de que un alto cargo de la Comisión haya sido invadido en sus conversaciones».

El presidente de la CNMV se refirió así al presunto espionaje que habría realizado Villarejo a instancias del BBVA bajo presidencia de Francisco González, y que pudo alcanzar al que fuera presidente de la CNMV Manuel Conthe y a su entonces vicepresidente Carlos Arenillas.

Albella apuntó que el «problema» para actuar es que «los períodos de prescripción son de cinco años».

También limitó la responsabilidad de la CNMV para controlar esta situación pues, dijo, su control es el de «velar por que BBVA, las sociedades cotizadas, cumplan su deber» de facilitar la información al mercado ante los riesgos en materia de reputación.

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