El comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo". Foto: La Sexta
La mujer de Villarejo pide al juez que la saque de dos piezas de la causa porque sólo era una administrativa
La acusación popular, que ejerce Podemos, se opone al archivo de actuaciones y reclama que vuelva a ser llamada a declarar
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13/11/2019 11:52
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Actualizado: 13/11/2019 11:58
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La mujer del excomisario José Manuel Villarejo, Gema Alcalá, ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, que la investiga en el contexto de las presuntas actividades delictivas de su marido que la saque de dos piezas separadas de la causa, ‘Iron’ y ‘Land’.
Se trata de las piezas separadas de la macrocausa Tándem ‘Iron’ y ‘Land’; Iron es sobre el encargo que supuestamente un despacho de abogados, Herrero y Asociados, habría hecho a Villarejo para espiar a otro bufete de la competencia, Balder IP; y ‘Land’, sobre presunto espionaje entre miembros de la familia Cereceda.
Alcalá afirma que su papel en las empresas objeto de las pesquisas era el de mera administrativa.
Las pieza ‘Iron’ es sobre el encargo que supuestamente un despacho de abogados, Herrero y Asociados, habría hecho a Villarejo para espiar a otro bufete de la competencia, Balder IP; y ‘Land’, sobre presunto espionaje entre miembros de la familia Cereceda.
En ambos casos, Alcalá está imputada por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos por ser la administradora de derecho en las mercantiles Cenyt, Cenyt Data y Stuart&Mckenzie, sociedades que gestionaban Villarejo y su socio Rafael Redondo y que supuestamente se utilizaron para facturar los encargos a clientes como los mencionados.
En ‘Iron’ se le imputa también un presunto delito de usurpación, porque que presuntamente se hizo pasar por una cazatalentos llamada Ana Arias para intentar captar como confidente, de acuerdo a la investigación, a una trabajadora del bufete al que Villarejo tenía encomendado espiar, tal y como consta en el audio transcrito por la policía que obra en el sumario.
En relación a este asunto, su defensa pide el sobreseimiento al entender que «la usurpación del estado civil no puede confundirse con la invención de un estado civil que no se tiene, creando un nombre supuesto y una filiación también fruto de la fantasía, atribuida a personas inexistentes», como habría hecho ella.
Insiste en que la llamada realizada por Alcalá donde decía ser Ana Arias «no permite incardinar los requisitos del tipo penal que se le imputa, pues se deduce claramente el uso de una personalidad simple, fruto de la fantasía, no solo carente de la intención de uso de derechos y obligaciones de otra persona, si no imposible al ser inventado» y esto no constituye en su opinión un delito.
En cuanto a su papel en las empresas, la defensa argumenta que «sien es cierta la condición de administradora, no lo es menos que tal condición era formal, puesto que se acredita en esta pieza, como en las demás, que las personas que realmente dirigían las actividades de ambas mercantiles eran Villarejo y Redondo en mayor o menor medida, pero con total ausencia de intervención» de Gema Alcalá.
Por su parte, la acusación popular, que ejerce Podemos, señala que no cabe archivar las actuaciones contra Alcalá, que en la pieza principal de la causa sigue investigada por los presuntos delitos organización criminal, cohecho y blanqueo, y en el caso de ‘Iron’, fue llamada también por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Según señala en un escrito al magistrado García-Castellón, a la mujer de Villarejo no se le ha notificado más que de viva voz su imputación por presunta usurpación del estado civil, pero indica que esa «inactividad procesal» no justifica un sobreseimiento, sino que debería ser citada de nuevo por este asunto y realizar declaración exculpatoria si lo desea.
Esta acusación popular considera en todo caso que «existen indicios suficientes para entender a la investigada partícipe directa de los delitos» que se le imputan tanto por la mencionada llamada telefónica como por correos electrónicos que obran en la causa y una referencia al papel que podría jugar grabada en otra reunión.
Insiste en que «realizó una pluralidad de actos dentro del plan preconcebido por Villarejo para conseguir el objetivo ilegal para el que fue contratado» y que «los cargos societarios ejercidos por Alcalá permiten presumir también el conocimiento de las actividades que las empresas bajo su administración realizaban o responsabilizarla por su actitud omisiva».
«Dado que no podemos negar ni la ejecución de actos ni el conocimiento y voluntad por los que fueron realizados, la única duda posible a discernir acerca de la actuación de Gema Alcalá sería el grado de autoría penal por la que debe responder», señala.
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