El atestado realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil a las órdenes de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, concluye que a partir del pasado 5 de marzo «no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19».
Los investigadores de la Guardia Civil también señalan que a partir de esa fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, «como al final terminó ocurriendo», en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad.
Según exponen en las diligencias, de 83 páginas, en esas fechas ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas».
En las conclusiones destacan que las «recomendaciones imperativas» que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al «colectivo evangélico» y el «nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones» son indicios de la «preocupación» de éstos frente a la pandemia y «su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios».
FRANCO, CITADO A DECLARAR EL 5 DE JUNIO COMO IMPUTADO POR PERMITIR EL 8M
Rodríguez-Medel ha citado a declarar el próximo 5 de junio como imputado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
La magistrada comenzó a investigar al delegado del gobierno tras admitir una denuncia presentada por un particular por el presunto delito de prevaricación administrativa por permitir manifestaciones entre el 5 y el y el 14 de marzo, obviando las recomendaciones de organizaciones sanitarias, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que emitió seis días antes de la marcha de la Mujer un informe en el que alertaba del riesgo de contagio.
También ha llamado a declarar como testigos al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; al jefe de Gabinete de Franco, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
La magistrada pone en marcha esta ronda de declaraciones después de recibir el atestado policial y el informe del médico forense adscrito al juzgado que solicitó.
Rodríguez-Medel quiere recabar más pruebas sobre si existió advertencias del riesgo de contagio por coronavirus y pide al Ministerio de Sanidad que remita antes del 1 de junio a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid el oficio del ministro Salvador Illa del pasado 3 de marzo sobre la «Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus covid-19».
EL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó ayer al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, “por pérdida de confianza”.
Un día después de esa destitución, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión.
PP, VOX y Ciudadanos pidieron ayer la comparecencia de Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso para que explique los motivos del cese de Pérez de los Cobos, y las razones de “pérdida de confianza” alegadas para la misma.
El ministro ha evitado hoy explicar las verdaderas razones del cese, tal como le habían exigido las asociaciones de guardias civiles y de jueces.
LA JUEZ ADVIERTE A INTERIOR DE LA RESPONSABILIDAD PENAL SI NO SE RESPETA EL DEBER DE RESERVA DE LA GUARDIA CIVIL
Rodríguez-Medel remitió ayer un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, tal como establece el artículo 15 del Real Decreto 769/1987, del 19 de junio sobre la regulación de la Policía Judicial.
La magistrada advierte que dicho incumplimiento acarrea responsabilidades civiles y penales.
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