Para CSIF, la prioridad del próximo Gobierno tiene que ser la solución al conflicto con los funcionarios, pendiente de solución.
Javier Jordán de Urríes (CSIF): “La Justicia necesita menos lucha política y más consenso y acuerdo”
El presidente de Justicia de CSIF pone de relieve el sentimiento de abandono del personal de Justicia y de desmotivación ante la falta de medios y el “nulo” reconocimiento a su trabajo
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10/9/2023 06:30
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Actualizado: 09/9/2023 21:14
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Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente de Justicia de CSIF, analiza en Confilegal la situación actual de la Administración de Justicia y las mejoras que, a su juicio, necesita.
El conflicto de los funcionarios con el Ministerio sigue vigente y la huelga sólo está aplazada hasta la constitución del nuevo Gobierno. Hasta el momento, se ha saldado con un millón y medio de juicios y quince millones de procedimientos paralizados, según las estimaciones de CSIF.
¿En qué situación se encuentra actualmente la Administración de Justicia?
La situación es preocupante. Últimamente se habla mucho de desolación. Desgraciadamente, un año más la situación es la misma, con una falta apabullante de personal y de medios materiales y organizativos. Evidentemente, una justicia así no puede dar la respuesta que merecen los ciudadanos, o es más difícil hacerlo.
Por tanto, la Justicia está en una situación crítica y necesita una profunda reforma, porque la Administración de Justicia ha sido abandonada por los dirigentes políticos y actualmente no funciona.
“Hay una falta apabullante de personal y de medios materiales y organizativos. Una justicia así no puede dar la respuesta que merecen los ciudadanos”
Si se mantiene el servicio público de Justicia es por el gran esfuerzo de quienes trabajan en los juzgados, que arrastran una sobrecarga de trabajo brutal. Lamentablemente, entre el personal de Justicia cunde un sentimiento de abandono y de desmotivación ante la falta de medios y el nulo reconocimiento a su trabajo.
La Justicia necesita una reforma profunda y para ello es necesario un Pacto de Estado, en el que estén incluidos todos los implicados en el funcionamiento de la Administración de Justicia y que blinde el servicio público ante los vaivenes políticos, la incertidumbre y el enfrentamiento político.
¿Para que cuando haya un nuevo Gobierno no se cambien las líneas maestras de ese proceso de transformación?
Exacto.
La reforma que se necesita abarcará más de una legislatura, y tiene que haber un gran consenso para que ese gran pacto se pueda poner en marcha sin que haya injerencias ni retrocesos.
“Se necesita un Pacto de Estado que blinde este servicio público ante los vaivenes políticos, la incertidumbre y el enfrentamiento político”
En 2002 ya se alcanzó un Pacto de Estado por la reforma de la Justicia. ¿Qué se logró con él?
Se consiguió una modificación importante de las leyes procesales y de gran parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Fue el pistoletazo de salida de lo que se llamó nueva oficina judicial, aunque luego se quedó a medias y no se implantó en su totalidad.
En esta reforma de la administración de justicia tenemos que ir hacia unos nuevos perfiles profesionales. Los funcionarios hemos asumido nuevas funciones para que los juzgados funcionen, pero no han sido reconocidas ni legal ni retributivamente. Y esa es la raíz del conflicto con el Ministerio.
¿Podría recordar las razones principales que les llevaron a la huelga?
En primer lugar, la falta de diálogo por parte del Ministerio. Es inaceptable que no se aviniera a dialogar sobre algo que sí negoció con otros colectivos: LAJs, jueces y fiscales.
Si al final tuvimos que adoptar la decisión de una huelga fue porque el Gobierno y el Ministerio no nos dejó otra salida.
«Es inaceptable que el Ministerio no se aviniera a dialogar sobre algo que sí negoció con otros colectivos. No nos dejó otra salida que la huelga”
El conflicto, que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia -el 93% de la plantilla de la Administración de Justicia-, sigue latente. El nuevo Gobierno ha de tener como prioridad su solución.
Como decía, esa nueva Administración de Justicia a la que vamos exige unos nuevos perfiles y una adaptación por parte del personal que presta servicio en los juzgados, en todos los cuerpos. Y eso tiene que venir acompañado de un reconocimiento retributivo, evidentemente.
Esto siempre lo hemos planteado a todos los ministros de Justicia cuando nos hemos visto por primera vez tras su toma de posesión, y es lo que volveremos a hacer cuando haya un nuevo Gobierno. Sólo que esta vez con mucha mayor énfasis y con la exigencia de poner en marcha un mecanismo de solución negociada del conflicto.
¿De cuánto estamos hablando económicamente?
La propuesta sindical que forma parte de la plataforma reivindicativa supone una subida salarial lineal de entre 430 y 350 euros a los funcionarios en función del Cuerpo, que responde a una propuesta clara de mejora de la Administración de Justicia a través de la definición de las funciones que cada Cuerpo debe realizar en la tramitación de los procedimientos.
¿Cuánto personal falta en los juzgados, según sus estimaciones?
Conforme a un estudio que realizó CSIF hace tres años, al menos 20.000 profesionales, entre jueces, LAJs y funcionarios de cuerpos generales y especiales para poder equipararnos a los estándares europeos.
Según CSIF, en 2020 faltaban al menos 20.000 profesionales en la Administración de Justicia para poder equipararnos a los estándares europeos
Si queremos ir a las ratios de jueces por habitante, los jueces necesitarán una oficina de apoyo y personal de apoyo para poder tramitar los procedimientos.
¿Cuál ha sido el impacto inmediato de la huelga en el sector de la justicia y en los servicios a la ciudadanía?
El impacto ha sido muy grande en términos de juicios suspendidos. En concreto, un millón y medio de juicios y quince millones de procedimientos paralizados, algo que lamentamos profundamente.
Los funcionarios somos los primeros interesados en que la justicia funcione. Padecemos en primer lugar la carencias en materia de personal y medios materiales, y queremos que se nos den los instrumentos y las herramientas para poder prestar un buen servicio público, y que se valore nuestro trabajo y potencial como personal especializado en procedimientos judiciales.
“Queremos que se nos den los instrumentos y las herramientas para poder prestar un buen servicio público y que se valore nuestro trabajo y potencial como personal especializado en procedimientos judiciales”
Ahora que se abre un nuevo escenario con un nuevo Gobierno, ese nuevo Ejecutivo tiene que coger el toro por los cuernos y abordar una solución negociada del conflicto, que puede ser el germen de ese gran cambio que la Administración de Justicia necesita realmente.
No puede ser que un año más, el ‘leitmotiv’ del acto de apertura del año judicial sea el problema de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, si bien esa también es una cuestión esencial.
De lo que no se habla, ni se habló apenas en la campaña electoral ni tampoco en las negociaciones que están llevando a cabo, es sobre cómo se van a atajar los problemas de carencia de medios personales, materiales y organizativos.
Hace falta personal. Hace falta un plan de recursos humanos a corto y largo plazo que ataje también otro mal de la Administración pública, como es el envejecimiento de las plantillas, y hace falta también una apuesta por los medios materiales en la Administración de Justicia en su conjunto.
“También ha de atajarse otro mal de la Administración pública: el envejecimiento de las plantillas”
¿Cuál será el siguiente paso del sindicato?
El conflicto ha quedado aplazado hasta la investidura del nuevo Gobierno. Cuando tengamos ocasión de hablar con el Ministerio de Justicia, se planteará que se abra la negociación, cuanto antes mejor, para que podamos llegar a un acuerdo sobre el tema de las funciones, la carrera profesional o la determinación de los grupos de población, entre otras reivindicaciones que tenemos en cartera.
En la pasada legislatura concretamos en un documento las 56 propuestas de CSIF para el nuevo modelo de justicia. Se lo presentamos al Ministerio, pero se debió guardar en un cajón porque nunca más hizo referencia a esas aportaciones que estábamos realizamos.
Espero que con el próximo Ministerio de Justicia eso pueda servir de base para ese debate que nos lleve a formar parte de ese pacto.
¿Qué mensaje quiere transmitir a los trabajadores del sector de la justicia y a la sociedad en general?
Como organización sindical, que CSIF va a estar siempre del lado de los funcionarios de justicia, como estamos al lado de todos los empleados públicos y en general de todos los trabajadores, porque nosotros también tenemos representación en la empresa privada.
Vamos a estar siempre del lado de los empleados públicos y no perdemos de vista cuáles son sus reivindicaciones y el sacrificio que han hecho en los últimos meses en la Administración de Justicia.
De cara a los ciudadanos, destacar que nuestro sindicato apuesta por unos servicios públicos de calidad, pero que los servicios públicos de calidad solamente se pueden tener si se dan los recursos necesarios y se ponen en manos de los empleados públicos los instrumentos y las herramientas y los medios materiales y personales suficientes y adecuados para poder prestar ese servicio público de manera óptima.
Una vez más hay que reconocer el tremendo trabajo que se hace en las oficinas judiciales, más allá de los mantras que siempre tenemos que padecer los empleados públicos, porque siempre hay encuestas del CGPJ que dicen que aquellos que pasan por una experiencia en los tribunales tienen un mejor concepto de la justicia que los que no pasan por el trance de entrar en un juzgado.
Ocurrió hace muchos años con el libro blanco y recientemente se volvió a hacer esa encuesta y volvió a dar el mismo resultado.
Más allá de los casos que hay de retraso, que son inaceptables, hay que mirar también por qué la justicia es tan lenta, o si la justicia tiene sus tiempos y no es automática.
Queremos un sistema garantista, y hay que tratar hasta qué nivel de garantías queremos tener en nuestro sistema judicial. Un sistema garantista también supone que hay que realizar una serie de trámites y requisitos para que ese procedimiento pueda avanzar, y a veces esos requisitos, como puede ser la notificación personal al acusado en el procedimiento penal puede ser complicada de realizar porque esta persona no esté localizable.
Quizá si se pusieran los medios que tiene la administración tributaria, la ejecución de los procedimientos sería mucho más rápida y eficaz.
“Quizá si se pusieran los medios que tiene la administración tributaria, la ejecución de los procedimientos sería mucho más rápida y eficaz”
En el debate de las funciones estamos poniendo encima de la mesa ese reconocimiento funcional, lo que va a contribuir a que la justicia sea mucho más ágil y mucho más rápida.
Un expediente no tiene por qué ir 30 o 40 veces a la firma, porque hay trámites que de facto se asumen por los cuerpos generales para que los procedimientos sigan adelante.
La ciudadanía tiene derecho a una justicia ágil y con resoluciones comprensibles, como recoge la ‘Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia’, aprobada precisamente en el marco del Pacto de Estado por la Justicia de 2002 del que hablaba…
Uno de los males de la Justicia son esas dilaciones inaceptables que hay en algunos procedimiento judiciales. Otros se tramitan con agilidad, habrá que analizar por qué unos casos sí y otros no, qué es lo que hay detrás de esas ineficiencias de la Administración de Justicia en algunos sitios y poner en marcha soluciones que, en muchos casos, están dentro de la propia Administración de Justicia y no fuera de ella, como el tema de las funciones al que ya me he referido.
La Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, según el último informe del CIS…
Si se planteara el debate a partir de las soluciones a los problemas que sufrimos actualmente, en vez de poner la justicia bajo sospecha, probablemente la percepción de los ciudadanos sería otra.
La solución, una vez más, está en manos del poder político, porque son ciertos políticos quienes intentan desprestigiarla…
No voy a entrar en intenciones, pero no se puede estar instalado en la utilización como arma política arrojadiza del sistema de elección de vocales del CGPJ de forma indefinida porque, evidentemente, ello conlleva que al final esa percepción de la ciudadanía no sea buena y la desconfianza crezca. Dentro del marco de respeto a los principios de un Estado de Derecho, deben existir formas de elegir a los vocales en las que todos puedan estar de acuerdo y no se pongan en cuestión todos los días.
¿Y cuál es la solución a este problema?
La Justicia necesita menos lucha política y más consenso y acuerdo que la dote de medios materiales, personales, organizativos y presupuestarios adecuados, suficientes y estables.
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