Las acusaciones las ejercen la Fiscalía, Podemos y Credit Services; además, en dicha causa aparecen como perjudicadas, pero no están personadas, Liberbank, Barclays Bank, CajaSur, Citiban, Unicaja, Caja Rural del Sur, y Volkswagen, entre otras.
La Fiscalía pide 23 meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado, una falta de lesiones y un delito de lesiones de menor gravedad, así como un delito de daños.
Acusado de cohecho en un proceso anterior, la defensa y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo que incluía dos años de cárcel y el pago de 15.000 euros a la acusación particular.
