La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que pueden estar infringidos los principios constitucionales de seguridad jurídica, taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional.
Se trata de Eulàlia Reguant, a quien el TS impuso una multa de 2.500 euros, como a Antonio Baños, porque los testigos tienen la obligación de contestar a todas las partes.
El magistrado jubilado, Miquel Florit, tendrá que responder de cuatro delitos, entre ellos el de prevaricación y vulneración del secreto de los periodistas.
