Rosa Peral reclama, en total, 30 millones € por considerar que la ficción vulnera la protección del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal de ella y de su hija, menor de edad.
Filtraciones, puñaladas y política de altos vuelos: el ‘email maldito’ que Moncloa manejó antes de que estallara en los medios pone al PSOE y a la Fiscalía en la cuerda floja.