Destaca que su jurisprudencia ha precisado que el simple retraso no revela, por sí mismo, un ánimo malicioso, sino que se requiere que se persiga una finalidad ilegítima.
El tribunal responde así a la Comisión Europea, que interpuso un recurso por incumplimiento ante las medidas adoptadas por el Gobierno de Viktor Orbán.
Permite que el ministro de Justicia, que es a la vez fiscal general, adscriba a jueces a tribunales de lo penal superiores mediante comisiones de servicio.
