También ha presentado una contra la delegada del Gobierno en Madrid, el responsable del operativo de la UIP, los responsables de la asociación Bukaneros y Juan Carlos Monedero.
Recuerda que el Ministerio del Interior dictaminó en 2018 que Puigdemont no tiene derecho a escolta, y señala que el coste de ese servicio de protección "ilegal", que lleva efectuándose "más de tres años", ascendería a unos 792.000 euros.
Antes de interponer la querella, la PIC había encargado un dictamen jurídico al despacho Maluenda Penal sobre las conductas de la Generalitat en los procesos PESCO.
