El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, condenó a España en 12 ocasiones en 2016 por haber violado algún derecho reconocido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, especialmente el derecho a un juicio justo (4 veces) y la duración del procedimiento (3).
En total, se pronunció en 16 sentencias, de las que 12 fueron condenas por vulnerar algún artículo del citado Convenio, según el informe anual que la institución.
A lo largo del año pasado, la corte europea recibió 626 demandas referentes a España frente a las 552 del 2015, lo que supone un aumento de 11,8 % respecto al año anterior.
Alunas de las condenas para España fueron:
La condena por no proteger la libertad de expresión del periodista Federico Jiménez Losantos, que en 2008 fue condenado por injurias graves con publicidad contra el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Según el TEDH, Jiménez Losantos “no cruzó los límites de la libertad de expresión”, disintiendo así de los fallos en cadena del Tribunal Supremo español, del tribunal de la Audiencia Provincial -que sentenció en apelación- y del juzgado de lo penal, el primero en condenar en primera instancia; el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de Jiménez Losantos.
En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no ofrecer un juicio justo a un ciudadano, Jorge Gómez Olmeda, que fue condenado por un delito continuado de calumnias sin haber sido escuchado por un tribunal. El Estado también fue condenado a indemnizar al afectado con 9.138 euros en concepto de reparación moral y costas.
Esta fue la séptima ocasión en la que el TEDH condenó a nuestro país por vulnerar el derecho a la llamada doble instancia penal, reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Algo que se ha intentado solventar tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha tratado de paliar esta situación, generalizando los recursos de apelación.
En otro caso, este en mayo de 2016, el tribunal se pronunció contra España por no investigar las torturas denunciadas por el presunto miembro de EKIN, organización que formaba parte de ETA, Xabier Beortegi Martínez, durante sus cuatro días de detención en 2011.
En este caso, el TEDH señala que ni el órgano jurisdiccional ante el que Beortegui alegó haber sufrido torturas en un primer momento -el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional- ni tampoco el juzgado ante el que posteriormente se denunciaron los hechos, en Pamplona, llevaron a cabo ninguna investigación efectiva sobre estas alegaciones.
España también fue condenada, en octubre, a indemnizar una madre con 6.400 euros por los daños morales sufridos, tras la decisión de un juez de otorgar al padre de sus dos hijas una custodia compartida sin tomar declaración previa a las niñas.
También fue condenada a indemnizar con 15.500 euros, por daños morales y costas, a un ciudadano argentino que permaneció en prisión provisional durante catorce días y su caso fue sobreseído provisionalmente por falta de indicios.
O el caso del profesor, donde España tuvo que indemnizarle con 4000 euros al dudar de la imparcialidad del tribunal que le condenó. El Tribunal de Estrasburgo consideró que se había violado su derecho a un tribunal imparcial e independiente recogido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Otro de los asuntos por los que condenó a nuestro país fue por alargar más de 8 años un proceso judicial. En concreto, y según la sentencia del TEDH por la “excesiva” e “injustificada” duración del proceso judicial de dos españoles que tardaron más de ocho años en ser juzgados y condenados por fraude y falsificación documental en la venta de los coches a una empresa.
Archivadas y pendientes
El año pasado se archivaron, entre otras, las demandas presentadas por el exministro Francisco Álvarez-Cascos por su derecho a la privacidad y la de la abogada española Zoubida Barik Edidi, expulsada de la Audiencia Nacional por llevar velo.
Por otra parte, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi y el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa son tres de los demandantes cuyos casos siguen pendientes.
A ellos se suma otro presentado por la cantante mexicana Paulina Rubio por su derecho al respeto de la vida privada.
