Pablo Llarena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Confilegal.
El Supremo rechaza la entrega de Puigdemont sólo por malversación
retira las euroórdenes contra los fugados
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19/7/2018 14:33
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Actualizado: 07/6/2022 15:47
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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del caso ‘procés’, ha rechazado hoy que el expresidente autonómico catalán y líder independentista Carles Puigdemont sea extraditado desde Alemania por el delito de malversación de fondos públicos, como ha acordado el tribunal alemán.
La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein consideró el jueves pasado procedente la entrega de Puigdemont sólo por malversación, y rechazó el cargo de rebelión, por el que también fue procesado.
En un auto, Llarena ha denunciado «falta de compromiso» de este tribunal con unos hechos que, dice, podría haber quebrantado el orden constitucional español.
Además, ha anunciado que retira la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra Puigdemont además de otros fugados, en Bélgica, Suiza y Escocia, como son Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
No obstante, mantiene vigente la orden de detención nacional que conllevaría su arresto en territorio español.
El magistrado argumenta que el tribunal regional alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tiene cobertura normativa, y que su decisión no se sujeta a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual obre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.
La Fiscalía también ha acusado hoy al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de «incumplir el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega» al aceptar la extradición de Puigdemont sólo por malversación.
Al examinar el fondo del asunto -los hechos por los que el juez Llarena reclama la entrega de Puigdemont-, el Ministerio Público español opina que el tribunal alemán «ha asumido las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles».
‘JUZGADOS POR TODOS LOS DELITOS, SIN LIMITACIONES’
VOX, que ejerce la acusación popular, presentó el pasado 13 de julio un escrito ante el Supremo reclamando la retirada de todas aquellas solicitudes de detención y entrega internacionales cuando las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados respecto al delito de rebelión o, en su caso, al delito más grave que haya sido objeto de la solicitud de entrega.
El partido presidido por Santiago Abascal pretende así que todos los procesados sean juzgados por todos los delitos, sin limitaciones.
XOX celebra la decisión del magistrado Llarena. «Refuerza la tesis del mantenimiento de la prisión provisional sin fianza para los procesados que se encuentran en España, ante la desconfianza que generan los tribunales belgas y alemanes», ha destacado el letrado de VOX Pedro Fernández.
? #ÚLTIMAHORA Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y reprocha al tribunal alemán haber prejuzgado los hechos, tal y como solicitaba VOX ???
? #VOXÚtil pic.twitter.com/amhwTjTOcu
— VOX ?? (@vox_es) 19 de julio de 2018
‘NOS HA QUEDADO UN VERANO INMEJORABLE’
El abogado del expresidente catalán, Jaume Alonso Cuevillas, ha reaccionado así: «Parece que nos ha quedado un verano inmejorable», ha publicado en Twitter.
Doncs sembla que se’ns ha quedat un estiu inmillorable
I que, a més, podré per fi fer vacances
— J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 19 de julio de 2018
En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha confiado en que la fiscal general del Estado, María José Segarra, «corrija el rumbo de la causa» y rebaje la acusación por rebelión por el ‘procés’ cuando haya que presentar los escritos de acusación, tras la retirada de las euroórdenes.
Otro de los abogados de los políticos separatistas, Gonzalo Boye, ha publicado dos comentarios en Twitter asegurando: «Napoleón perdió en Waterloo cuando llegaron los prusianos… y ahí lo dejo» y que el efecto dominó ha sido devastador.
Napoleón perdió en Waterloo cuando llegaron los prusianos… y ahí lo dejo
— Gonzalo Boye (@boye_g) 19 de julio de 2018
El efecto dominó ha sido devastador… y ahí lo dejo
— Gonzalo Boye (@boye_g) 19 de julio de 2018
Reconocer una derrota está muy bien pero abandonar el campeonato más parece una pataleta https://t.co/aHpVmRkloU
— Gonzalo Boye (@boye_g) 19 de julio de 2018
POR MALVERSACIÓN SE HUBIERA ENFRENTADO A UNA PENA DE 12 AÑOS
La entrega de Puigdemont por el delito de malversación supondría que el expresidente autonómico no pudiera ser juzgado por el delito de rebelión, y se enfrentara a una condena de un máximo de 12 años, como contempla la legislación española con respecto a una pena agravada al exceder el perjuicio en más de 250.000 euros.
Los últimos informes de la Guardia Civil entregados al juez instructor de la causa elevan el dinero público desviado para la organización del proceso separatista a más de cuatro millones de euros.
Por esta grave conducta penal de rebelión se sentarán en el banquillo de los acusados en un futuro juicio, cuya fecha aún está pendiente de señalar, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; sus exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; los conocidos como ‘los Jordis’ y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos en ellos en prisión provisional.
Según han informado fuentes jurídicas a Confilegal, el juez instructor ya preveía esta respuesta por parte del tribunal alemán, pues en ocasiones anteriores ya había descartado la extradición por rebelión.
El magistrado del Alto Tribunal ha querido estudiar esta cuestión detenidamente para ver qué encaje y qué respuesta se podía dar desde el ordenamiento jurídico español y si era procedente aceptar la entrega de Puigdemont sólo por el delito de malversación o realizar otro tipo de actuación.
Otra de las opciones es acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que estudiase esta decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y analizar si el procedimiento de extradición se está desarrollando correctamente, una posibilidad que ya planteó Llarena el pasado abril tras conocer una de las negativas de los jueces alemanes.
También cabe la posibilidad de recurrir a Eurojust, organismo creado para la coordinación y la cooperación judicial entre los miembros de la Unión Europea, según apuntaron fuentes jurídicas.
DEMANDA COLECTIVA CONTRA LLARENA
Por otra parte, QuerellatsXRepública presentó la semana pasada una demanda colectiva contra el juez Llarena, y contra los magistrados de la Sala Segunda del alto tribunal Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Barriero, que criticaron la resolución del tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el “procés”. Este grupo separatista acusa a los cuatro magistrados por dictar resoluciones injustas sabiendo que no lo son.
Confilegal ya adelantó el pasado 7 de junio que este colectivo venía preparando desde el pasado marzo esta demanda para la que buscaban voluntarios que se prestaran a firmar denuncias contra el instructor del caso ‘procés’ ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que pertenece.
Se trata de una nueva acción de filibusterismo legal, también conocido internacionalmente como “lawfare”, que tiene como fin convertir acciones legales sin recorrido, presentadas ante diferentes tribunales e instancias nacionales e internacionales, en fuente de generación de noticias.
La demanda, que agrupa a alrededor de 3.500 querellantes, acusa a Llarena y a los jueces de la Sala Segunda del Supremo por supuestos delitos continuados de prevaricación y vulneración de derechos cívicos y fundamentales.
La han presentado sabiendo que la iniciativa está destinada al fracaso porque, con toda seguridad, las denuncias no serán admitidas.
OTRAS INICIATIVAS EN LA ESTRATEGIA DE FILIBUSTERISMO LEGAL
Otra iniciativa desplegada por las defensas de los políticos separatistas en su estrategia de filibusterismo legal fue pedir su libertad provisional al Supremo argumentando que la decisión del tribunal regional alemán sobre la extradición de Puigdemont les da la razón. O que el vicepresidente del Gobierno autonómico, Pere Aragonés (ERC), haya defendido la intervención del Ejecutivo para sacar el proceso separatista de los tribunales y derivarlo a una mesa de negociación política.
Aragonés contó el pasado 12 de julio que en reiteradas ocasiones planteó al Ejecutivo que use los instrumentos de los que dispone para “aligerar esta situación”, en alusión a la investigación judicial que mantiene en prisión preventiva o huidos en el extranjero a los responsables políticos del ‘procés’.
Un planteamiento, a estas alturas del caso judicial, imposible debido a que el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad para paralizar o suspender la instrucción del ‘Caso procés’ en el Tribunal Supremo, que acaba de entrar en la fase intermedia.
A esto se suma, además, que el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha pedido al presidente del Gobierno que “desactive” a VOX como acusación popular en el Supremo en el juicio contra los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre.
La vía propuesta por la defensa pasa por abrir “investigaciones” contra VOX porque, a su juicio, el Ejecutivo tiene “mecanismos” para ello.
La mafia separatista pide a las cloacas del Estado que se «desactive» a VOX «investigándolo».
Es de una extraordinaria gravedad. Se ruega RT para que todo el mundo lo sepa.https://t.co/SbKvbGLivQ
— Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 12 de julio de 2018
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