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Junqueras y Romeva piden la recusación del juez Marchena

Por la "existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías" del CGPJ y el whatsapp de CosidóEl exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores y diputado de ERC en el Parlamento catalán, Raül Romeva.
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El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el exconsejero Raül Romeva, ambos en prisión preventiva, han pedido la recusación del juez Manuel Marchena en el juicio del procés.

El abogado de ambos, Andreu Van den Eynde, ha presentado hoy un incidente de recusación contra el magistrado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que preside Marchena.

El pasado julio también presentaron otro escrito de recusación por supuesta falta de imparcialidad contra 5 de los 7 magistrados que deben enjuiciarles: Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral. 

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Hasta 11 de los implicados en la causa los presentaron incidentes de recusación contra el tribunal. Sin embargo, el pasado 5 de septiembre la Sala del 61 rechazó por unanimidad apartar a los jueces del ‘Caso procés’.

La decisión siguió el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en su escrito calificó de “fraude procesal y atentado a la buena fe” las pretensiones de los procesados para apartar a los magistrados.

El fiscal Jaime Moreno se opuso a apartarlos e incluso reprochó a los procesados que acudiesen a “este artificioso cauce” para “conseguir un tribunal a la carta” y retrasar la celebración del juicio.

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Junqueras y Romeva también presentaron en mayo un recurso ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el auto del juez Pablo Llarena que acordó procesarlos por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el proceso para impulsar la hoja de ruta unilateral a la independencia de Cataluña. Fue desestimado. 

En él sostenían que el “verdadero campo de debate” en la causa por el ‘procés’ es “si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos”.

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LO QUE ALEGAN AHORA

En el escrito, firmado por Andreu Van den Eynde, alegan que el “whatsapp de la vergüenza” que trascendió ayer del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, evidencia el control político que el PP y el PSOE ejercen sobre el juez y el propio tribunal.

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Según la defensa, el whatsapp de Cosidó atribuye a Marchena “características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación” en el juicio.

El recurso se refiere al mensaje que Cosidó envió el sábado por la noche a sus senadores explicando que el PP lograría nueve vocales más el presidente en el Consejo, frente a los 11 del PSOE, y “además controlando la sala segunda desde detrás”.

El letrado Andreu Van den Eynde alega que el proceso de selección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desvelado “las espurias finalidades de la elección de vocales y presidencia” de este órgano judicial.

A su juicio, la propia renuncia final de Marchena a presidir el CGPJ da “veracidad al pacto previo contra la separación de poderes” de PP y PSOE para controlar los órganos judiciales y afectar negativamente a Junqueras y Romeva.

El recurso esgrime que en España existe un sistema de elección de la cúpula judicial “criticado internacionalmente por su permeabilidad a las decisiones políticas” y concluye que en el caso de Marchena ha quedado al descubierto.

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También cita un informe Greco del Consejo de Europa según el cual la forma de selección de los miembros del CGPJ da “motivo de preocupación dada su susceptibilidad a la politización”, lo que puede generar sesgos en los magistrados de los altos tribunales de España.

Así, el escrito de recusación de Junqueras y Romeva concluye que existen motivos para pensar que hay una politización general de la justicia en España y, a la vez, una “politización concreta” en el pleito sobre el proceso independentista.

Van den Eynde afirma que toda la polémica con la cúpula del poder judicial en España evidencia que “la estrategia de criminalización de los procesados -soberanistas– sigue directrices políticas que se vinculan con la defensa a ultranza del principio de unidad territorial”.

Según el letrado, esta criminalización ha supuesto una “clara indefensión” de Junqueras y Romeva que ha derivado, a su juicio, en su encarcelamiento, suspensión de funciones y el mantenimiento de unas imputaciones desproporcionadas.

“Ahora el magistrado recusado debe analizar si está en condiciones de juzgar sin prejuicio personal a dichos procesados y sin interés en el pleito”, concluye.

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