El comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La Fiscalía pide libertad bajo fianza de 300.000 euros para Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA
Julio Corrochano ha comparecido hoy como investigado ante el magistrado Manuel García-Castellón y se ha acogido a su derecho a no declarar
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05/7/2019 13:20
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Actualizado: 08/7/2019 14:13
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que imponga como medida cautelar una libertad bajo fianza de 300.000 euros al exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, por su relación con el excomisario José Manuel Villarejo en el marco de los trabajos que realizaba para la entidad.
Corrochano, que también jefe superior de la Policía de Madrid en 1998, estaba citado a declarar hoy ante García-Castellón en calidad de investigado, dado que se trataría del interlocutor con Villarejo en sus relaciones con el BBVA.
Encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González al excomisario Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017 por el ‘caso Tándem’, sospechoso entre otros de delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo.
La instrucción arrancó a partir de las pesquisas sobre tareas que el comisario jubilado habría desarrollado para políticos de Guinea Ecuatorial, pero el ingente material informático y documental que se le intervino ha puesto sobre la mesa todo tipo de ‘trabajos’ que habría desarrollado prevaliéndose de su condición de Policía Nacional.
El pasado 14 de marzo, González anunció su renuncia temporal como presidente de honor de BBVA y de la Fundación, tras verse involucrado en una presunta trama de espionaje a políticos, empresarios y periodistas para supuestamente evitar el intento de Sacyr de controlar la entidad en 2004, y para ello, el banquero habría empleado los servicios Villarejo.
Renuncia hasta que concluyan las investigaciones en curso por este caso, pues quiere evitar que se utilice su persona para dañar la imagen del banco.
Francisco González abandonó la presidencia del grupo BBVA el pasado 31 de diciembre, tras cumplir 75 años; cargo en el que le sustituye el hasta entonces consejero delegado, Carlos Torres, a quien sucedió el turco Onur Genç. Foto: EP
Corrochano está imputado en la novena pieza separada del caso, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y entre las que figuran contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA.
Tareas estas en las que, de acuerdo a los investigadores, se habría servido de su condición de policía y que habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Corrochano se ha acogido a su derecho a no declarar.
Hoy también han comparecido Inés Ochagavía, que sustituyó a Corrochano en el cargo y otro de los responsables del área de seguridad del banco, Nazario Campo Campuzano. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar, como ayer hicieron otros cargos del BBVA.
Han alegado que la causa está secreta.
Quien sí ha prestado declaración ha sido el socio de Villarejo en la mercantil con la que contrataba el BBVA, el abogado Rafael Redondo, quien estuvo unos 10 meses en prisión.
Quedó en libertad con medidas cautelares tras depositar 100.000 euros de fianza.
La parte más conocida de esta pieza, que permanece bajo secreto, es la relativa a la ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
EL BBVA INVESTIGA DESDE JUNIO DEL AÑO PASADO LOS SERVICIOS PRESTADOS POR VILLAREJO
El BBVA informó el pasado 10 de enero en un comunicado que en junio de 2018 abrió una investigación interna sobre la contratación y los servicios prestados por la empresa Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, y que solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible.
La investigación está liderada por los despachos Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC, «todo ello con el impulso del consejo de administración», según ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
Torres agradeció a González su gesto e informó que PwC le había trasladado que se requerirán «varios meses» más de trabajo en la investigación externa.
Explicó que a raíz de las noticias aparecidas en medios decidieron poner en marcha una investigación interna que consistía en la revisión de contratos, facturas, servicios prestados, procedimientos de contratos seguidos, «con la complejidad» que tiene trabajar con información relativa a un periodo de tiempo tan largo. Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
Fue a partir del 9 de enero, fecha en que comenzaron a aparecer informaciones que apuntaban al seguimiento e intervención de comunicaciones privadas, cuando BBVA decidió cambiar su estrategia. «Esa fecha marcó un punto de inflexión», informó Torres.
También recordó que envió una carta a los empleados de la entidad tras la aparición de las primeras noticias, que de ser ciertas, «se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables y contrarias a los valores de BBVA».
La entidad también está analizando los posibles efectos que las informaciones pudieran tener en la actividad del grupo y en el mercado. Según aseguró Torres, a día de hoy BBVA no ha encontrado impactos relevantes en su negocio o en la cotización ocasionados por la investigación.
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