La vista estaba señalada para el pasado mes de mayo, pero tuvo que suspenderse por el parón judicial como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
Denuncia que "se están dejando de facto en papel mojado" las penas impuestas a estos condenados por sedición, que están accediendo a unos "beneficios penitenciarios de forma generalizada y automática".
La sanción podría ir desde una multa de 20 millones de euros al 4% de su volumen de negocios anual, según el Reglamento General de Protección de Datos.
El comisario encarcelado, José Manuel Villarejo, negó tener que ver con la sustracción del teléfono de Dina Bousselham y del informe Pablo Iglesias, S.A.
