El Supremo anula una sentencia de expulsión de un emigrante económico que solicitó el asilo político porque no se observaron los plazos de contestación.
Hacienda destapó más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a esta productora, Triacom, presidida por Oriol Carbó, exgerente de TV3.
El abogado fue condenado a pagar 1,2 millones de euros de forma solidaria con el resto de los secuestradores, pero no cumplió con lo que le correspondía.