El magistrado del TS Pablo Llarena, instructor del ‘procés’, también tiene que estudiar si el fallo del TJUE tiene alguna incidencia en la situación de Puigdemont y Comín.
Agenda judicial de 2020: Desde la decisión del Supremo sobre Junqueras, al juicio en la AN a Trapero, Pineda y Bernad
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07/1/2020 00:00
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Actualizado: 29/1/2020 19:53
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El Tribunal Supremo decidirá próximamente si deja o no en libertad al líder de ERC, Oriol Junqueras, para que pueda ejercer como diputado del Parlamento Europeo.
El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo, que condenó a Junqueras a 13 años de prisión y a 13 de inhabilitación absoluta, está estudiando los informes presentados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, VOX, que ejerce la acusación popular, y la defensa de Junqueras acerca de la inmunidad de éste, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyera que el exvicepresidente catalán disfruta de esta condición desde que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio de 2019.
Junqueras, en el juicio por el ‘procés’.
El tribunal tiene que decidir si procede solicitar el suplicatorio pese a que Junqueras está condenado en firme, así como si se le debe mantener en la cárcel mientras el Parlamento Europeo responde.
El pasado 3 de enero, la Junta Electoral Central (JEC) decretó Junqueras no puede ser eurodiputado por cumplir una condena firme.
Junqueras pidió a la JEC que no ejecute la resolución que le impide ser eurodiputado, ya que la recurrirá ante la Sala Tercera del Supremo, donde solicitará su suspensión cautelarísima al considerar que vulnera sus derechos fundamentales y políticos.
Como publicó ayer Confilegal, la Eurocámara ha reconocido a Junqueras, Puigdemont y Comín como eurodiputados.
El magistrado Pablo Llarena, instructor del ‘procés’, también tiene que estudiar si este fallo del TJUE tiene alguna incidencia en la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, procesados en esta causa especial y sobre los que pesa una orden de detención y entrega a España.
La Justicia belga ha suspendido la tramitación de las euroórdenes de Puigdemont y Comín.
La Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo también deberá pronunciarse sobre la inhabilitación al presidente catalán, Quim Torra, quien el pasado sábado comunicó a la Junta Electoral de Barcelona que recurrirá ante el Alto Tribunal para que, como medida cautelarísima, suspenda la resolución de la JEC que ordena retirarle el acta de diputado y ejecutar su inhabilitación.
Además, Torra ha enviado hoy un escrito a la JEC solicitando que no ejecute la resolución que le inhabilita.
En su escrito, Torra reprocha a la JEC que solo ha recibido un avance de su resolución, «pero aún no se dispone aún del texto completo ni de los votos particulares anunciados». Foto: EP
La JEC acordó el pasado viernes, con siete votos a favor y seis en contra, ordenar a la Junta Provincial de Barcelona que retire el acta de diputado de Torra, una vez se notifique íntegramente el contenido de su resolución en la que estima los recursos de PP y, parcialmente de Cs y VOX, para inhabilitar al presidente catalán tras su condena, que aún no es firme, por no retirar los lazos amarillos en la campaña de las generales del pasado 28 de abril.
Por otra parte, la Sala de lo Penal resolverá el recurso de Torra contra su condena de inhabilitación impuesta por el TSJCat.
Otro asunto pendiente es si el Supremo juzga al diputado al diputado de ERC en el Congreso Joan Josep Nuet i Pujals por supuesta desobediencia en su etapa como miembro de la Mesa del Parlamento catalán.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) envió el pasado 12 de diciembre el caso de Nuet al TS, por ser aforado.
El diputado de ERC Joan Josep Nuet. Foto: EP
El TSJCat juzgará por separado al resto de exmiembros de la Mesa del 1-O acusados, Anna Simó i Castelló (ERC), Simona Barrufet i Santacana, Lluís Maria Corominas i Díaz, Lluís Guinó i Subirós (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya e Busquet.
A lo largo del 2020, los magistrados del Supremo también darán a conocer sus resoluciones sobre casos de corrupción como el saqueo del Palau de la Música Catalana, en la que se vio implicada la extinta CDC por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones.
Revisarán la sentencia por los primeros años de la trama Gürtel, por la que fueron condenados, entre otros, el extesorero Luis Bárcenas.
Sobre la Gürtel tiene que resolver la posible reapertura de la causa a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y diputada del PP María José García-Pelayo por adjudicar contratos irregulares a las empresas de Francisco Correa.
A finales de año también podría revisar la sentencia contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chavez por los ERE de Andalucía.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Foto: EP
Otra de las citas en Supremo será la declaración como investigada de la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando ésta dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre 2013 y 2017.
El tribunal de la Sala de lo Penal dice que los hechos «podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la administración malversación de caudales públicos y falsedad documental». Foto: EP
El pasado 17 de diciembre, el tribunal de la Sala de lo Penal compuesto por los magistrados Manuel Marchena Gómez (presidente), Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Vicente Magro Servet y Susana Polo García y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca declaró la competencia de esta Sala para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de Borràs, que por ser diputada es aforada.
Designó instructor de la causa al magistrado Eduardo de Porres.
El tribunal destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, y atribuidos a Borràs, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.
Asimismo, el Supremo se pronunciará sobre la petición de la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, de la suspensión de la sanción de 7 meses y un día de suspensión de funciones que le impuso la Comisión Disciplinaria del General del Poder Judicial (CGPJ) y ha ratificado el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, y que al ser superior a los seis meses conlleva un cambio forzado de destino.
Esta sanción fue impuesta a De Lara el pasado 27 de marzo por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales; la juez la recurrió en alzada al Pleno del CGPJ, y éste la ratificó el pasado 26 de septiembre.
De Lara instruye macrocausas como la Carioca, sobre redes de prostitución; la Pokémon, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas, que comenzó a investigarse en 2012; o el caso O Garañón -iniciada hace más de 10 años-, también sobre supuesta corrupción.
En está última causa, la defensa del exsecretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, y la del exalcalde de Lugo José López Orozco, le han planteado sendas recusaciones, que De Lara ha inadmitido, y deberá resolver ahora la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.
El abogado de Besteiro, Cándido Conde-Pumpido Varela, señala a Confilegal que «parece que De Lara quiere aferrarse a las instrucciones como si supiera que si fueran vistas por otro juez probablemente no seguirían el mismo destino que ella quiere que sigan».
El próximo 20 de enero comienza en la Audiencia Nacional el juicio al exjefe de los ‘Mossos d’Esquadra’ Josep Lluís Trapero, al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los ‘Mossos’ Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana.
El exmayor de los ‘Mossos d’Esquadra’ Josep Lluís Trapero, acompañado de su letrada, Olga Tubau Martínez. Foto: EP
Trapero fue el mayor de los ‘Mossos d’Esquadra’ hasta su cese en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La Fiscalía pide 11 años de cárcel para él por supuesta rebelión, como «pieza clave» para «llevar a cabo el plan secesionista» catalán.
La misma pena pide para Soler y Puig, mientras que a Laplana la acusa de supuesta sedición por los incidentes del 20 y 21 de septiembre de 2017, y solicita para ella 4 años de prisión.
El tribunal que los juzgará lo integran la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, y los magistrados Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel, que será el ponente de la sentencia.
Para el 29 de enero está señalado el juicio al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el expresidente de Ausbanc, Luis Pineda.
El 2 de febrero de 2015 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional» recibió una denuncia anónima que desencadenó un año después en la ‘operación Nelson’ por la que Pineda y Bernad acabaron detenidos por presunto chantaje.
La denuncia exponía que Ausbanc no era una asociación de consumidores, sino que buscaba el lucro de sus administradores y que presionaban a diversas entidades financieras para que efectuasen «cuantiosas aportaciones económicas encubiertas».
Pineda entiende que «habría sido el entramado BBVA-Villarejo quien confeccionó dicha denuncia”.
La Fiscalía pide 118 años y cinco meses de cárcel para Pineda, y 24 años y 10 meses para Bernad.
La trama Gürtel volverá a sentarse en el banquillo a partir del 9 de marzo, esta vez por los presuntos amaños de la red de Francisco Correa en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Además, está previsto que se conozca la fecha del juicio al expresidente de la valenciano Francisco Camps (PP) por los contratos de la Generalitat con una de las empresas de la Gürtel, Orange Market, en la edición de Fitur del año 2009.
Camps asegura que las adjudicaciones a esta empresa fueron “correctas”. Foto: EP.
El magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Matalo encausó el pasado junio por prevaricación, aunque «sin perjuicio de ulterior calificación».
También se espera la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.
Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, el día que se sacó a bolsa la institución, el 20 de julio de 2011.
La Fiscalía pide 8 años y medio para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato por un supuesto delito de estafa a los inversores y un supuesto delito de falsedad contable.
El caso ha sido juzgado entre noviembre de 2018 y julio de 209 por el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Ángela Murillo.
Rato está en prisión desde el 25 de octubre de 2018 cumpliendo condena por las tarjetas ‘black’. Está interno en la cárcel madrileña de Soto del Real. Ingresó en la cárcel pidiendo “perdón a la sociedad”.
Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional tienen varias investigaciones en marcha. Una de ellas es la abierta contra los miembros de CDR que fueron detenidos el pasado septiembre o la relativa a los atentados de Barcelona en agosto de 2017, a falta de practicar las últimas diligencias para concluir su instrucción y enviar a juicio.
Además, se pondrá fin a macrocausas sobre corrupción en las que se investigan la presunta financiación en ‘b’ del PP como la ‘Púnica’, que deberá estar finiquitada en junio, y en donde se encuentran imputadas las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; o los ‘papeles de Bárcenas’, que tiene como fecha tope el 28 de agosto.
A lo largo del 2020 también podría juzgarse la pieza derivada de estas anotaciones, la del presunto pago en negro de las obras de la sede del partido en la calle Génova de Madrid.
Continúan en curso las causas sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol; la presunta financiación irregular de CDC en la llamada trama del 3%; la disolución del Banco Popular; la compra de Dia por parte del magnate ruso Mikhail Fridman; o la macrocausa Tándem por la que el excomisario José Manuel Villarejo está en prisión provisional desde noviembre de 2017.
El próximo 23 de marzo será el primer juicio a Villarejo.
Pero no en la AN, sino en los juzgados madrileños por supuestos delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Villarejo.
En el juicio comparecerá como testigo la empresaria Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
Además, la Audiencia Provincial de Madrid tiene que señalar la fecha para juzgar a Villarejo por el caso de la grabación y difusión de una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el CNI sobre la investigación que había en curso sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’.
El Gómez Iglesias también pasará por los tribunales. Está previsto que a partir de primavera comience a ser juzgado por todas las piezas pendientes por los supuestos delitos de fraude, estafa, falsedad o usurpación de funciones públicas que tiene pendiente y por las que se enfrenta a más de 27 años de cárcel.
Además, la Audiencia de Madrid celebrará a partir del 9 de junio el juicio al comisario jubilado Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, por la obtención y custodia de un pendrive ‘fantasma’ con datos de Jordi Pujol Ferrusola, que se trató de incorporar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.
También será juzgado el subordinado de Pino entonces, Bonifacio Díez Sevillano.
El comisario jubilado Eugenio Pino.
Ambos por los supuestos delitos de falso testimonio, fraude procesal y descubrimiento o revelación de secretos.
Podemos, que ejerce la acusación popular, atribuye a Pino los supuestos delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, los mismos que al que fuera su ‘mano derecha’, el inspector Bonifacio Díaz Sevillano.
Pide 10 años y medio de prisión para Pino y la misma pena para Díaz Sevillano, para quien reclama, además, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.
El excomisario Villarejo deberá comparecer como testigo.
El próximo junio también se celebrará un juicio por los derechos de imagen del futbolista del FC Barcelona Leo Messi en el Juzgado de Primera Instancia 53 de Barcelona, que estaba previsto para hoy.
Messi, en un reciente entrenamiento. Foto: EP
La causa es fruto de un cruce de demandas entre una empresa que gestiona los derechos de imagen del jugador y otra empresa holandesa que trabajó con la imagen de Messi para un producto determinado.
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