Reclama la demolición de las de las obras “ilegalmente” construidas durante su mandato y que preste una fianza de 100.000 euros para asegurar el coste que acarree.
Concluye que se ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de la primera sentencia.
Por dos delitos continuados de corrupción ha sido sentenciado a sendas penas de dos años y seis meses, y por un delito de pornografía a un año y tres meses.
