El exconsejero catalán Jordi Turull, condenado por el ‘procés’, ha salido hoy de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), para ir a trabajar al despacho ‘Badia Advocats’ de Tarrasa (Barcelona).
Turull, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), trabajará de abogado especialista en derecho público.
Ha abandonado la prisión sobre las 8.10 y poco después ha publicado este tuit:
«Hoy, después de tantos días entre barrotes de tantas prisiones, comienzo a salir para trabajar. No es ni mucho menos la libertad. Salgo cargado de infinita gratitud a tantas personas por tanto y con las convicciones y el compromiso político intactos».
Avui, després de tants dies entre barrots de tantes presons, començo a sortir per treballar. No és ni de bon tros la llibertat. Surto carregat d’infinita gratitud a tantes persones per tant i amb les conviccions i el compromís polític intactes pic.twitter.com/BmIgc4w1nd
— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) March 10, 2020
Turull fue condenado por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación, agravado por razón de su cuantía, a 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta.
La Junta de Tratamiento de la cárcel acordó el pasado 5 de marzo aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y también al exconsejero Josep Rull.
Podrán salir 12 horas al día, cinco días a la semana, para trabajar y hacer voluntariado.
Dicho artículo ya se ha aplicado da todos los presos por el ‘procés’, condenados hace cinco meses, el pasado 14 de octubre.
Pueden salir de cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares, en aplicación del citado artículo, que permite flexibilizar el régimen de prisión pese a estar clasificado en segundo grado.
Se trata de los 9 sentenciados por sedición a penas de prisión.
La consejera catalana de Justicia, Ester Capella, ya había anunciado que el 100.2 se aplicaría a todos ellos.
Manos Limpias presentó el pasado 18 de febrero una denuncia contra Capella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos delitos de prevaricación y fraude de ley, por “favorecer” a los presos del ‘proces’.
Rull trabajará en los servicios jurídicos de Mútua Terrasa, donde se incorpora para reforzar la asesoría legal de la entidad poniendo el foco en los ámbitos relacionados con la economía circular, la eficiencia energética y la sostenibilidad, según ha informado la entidad.
También hará voluntariado, pero en una entidad ajena a Mútua Terrassa, ha apuntado la mutua.
También se ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exconsejero Quim Forn, con salidas de cinco días a la semana 12 horas y media para ir a trabajar a Mediapro; a la exconsejera Dolors Bassa, tres días durante ocho horas para cuidar a un familiar, y al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, que puede salir tres días 11 horas para voluntariado.
Se ha aplicado también a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, tres días a la semana nueve horas cada día para cuidado de un familiar y voluntariado; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, 9 horas y media cinco días por trabajo y voluntariado; al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; y al exconsejero Raül Romeva, en libertad tres días entre semana, seis horas cada día.
Romeva trabaja para una asociación privada, y Junqueras, que es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor en Historia del Pensamiento Económico, da clases en la Universidad de Vic (Barcelona).
CUADRO DE DELITOS Y PENAS
Convivencia Cívica Catalana ha presentado una denuncia contra la Universidad y Junqueras ante el juzgado de guardia de Barcelona por un presunto delito de quebrantamiento de condena.
Estas salidas son de aplicación inmediata aunque necesitan de una aprobación posterior del juez de vigilancia penitenciaria, previa consulta a la Fiscalía, y la última palabra la tiene la Audiencia Provincial de Barcelona.
Hasta el momento, la Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a que se aplique esta medida excepcional a Sànchez, Forn, Cuixart, y Bassa.
Considera que se enmarca en un plan para otorgarles “de forma generalizada un régimen de semilibertad”.
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