El líder de ERC y exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y la vicerrectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, Silvia Mas. Foto: EP
Junqueras sale de la cárcel para ir a trabajar a la Universidad de Vic (Barcelona)
Está condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación por un delito de sedición en concurso medial con uno de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía
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03/3/2020 11:10
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Actualizado: 03/3/2020 12:18
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El presidente de ERC y exvicepresidente de catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por el ‘procés’, ha salido hoy del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), para ir a trabajar.
Dará clases en la Universidad de Vic (Barcelona), en el campus Manresa.
«Enseñar y aprender. Siempre. Y gracias a todos por vuestro apoyo, os quiero!», ha publicado en Twiter con una imagen de su salida.
Ensenyar i aprendre. Sempre. I gràcies a tothom pel vostre suport, us estimo! pic.twitter.com/RkZUAdGgIp
— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) March 3, 2020
Ha salido sobre las once de la mañana y ha llegado al centro pasadas las 11.20, donde ha recibido el aplauso de unos cincuenta estudiantes.
Junqueras, que es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor en Historia del Pensamiento Económico, hizo una propuesta a la Universidad de Vic (Barcelona)-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), y el rector, Josep-Eladi Baños, la aceptó por “su experiencia académica y su valía como profesor”, según informó el centro en un comunicado.
El exvicepresidente de la Generalitat ya ejerció en el pasado como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Junqueras saldrá de prisión tres días a la semana durante seis horas diarias para ir a trabajar, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Convivencia Cívica Catalana presentó el pasado viernes una denuncia contra la Universidad y Junqueras ante el juzgado de guardia de Barcelona por un presunto delito de quebrantamiento de condena.
Señala que Junqueras “no puede ser contratado” por ningún ente del sector público catalán, “siendo la Fundación Balmes (que gestiona la Universidad) miembro del mismo”.
“Es incompatible trabajar en una fundación del sector público habiendo sido inhabilitado y condenado por malversación y sedición”, ha señalado a Confilegal el presidente de Convivencia Cívica Catalana, el abogado Ángel Escolano.
Denuncia que es “escandaloso que la Universidad de Vic alegue su condición pública para recortar los sueldos de sus empleados y se “disfrace” de universidad totalmente privada para dar trabajo a un delincuente condenado por graves delitos contra la administración pública”.
Escolano destaca que “es notorio” que Oriol Junqueras ha sido condenado a una pena de inhabilitación, “por lo que no puede ser contratado por ningún ente que forme parte del sector público”.
“Siendo, además, obsceno que lo sea para obtener privilegios penitenciarios y por un ente dependiente de la propia administración pública que utilizó para perpetrar los delitos por los que está condenado”, agrega.
El pasado 14 de octubre, el Tribunal Supremo condenó a Junqueras por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía a 13 años de prisión y de inhabilitación absoluta.
El tribunal de la Sala de lo Penal le atribuyó el “liderazgo” en el ‘procés’.
El líder de ERC confía en que la justicia europea le retirará la inhabilitación y le permitirá ser candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, todavía sin fecha.
“Cuento con que el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal General de la UE me resarzan plenamente mis derechos y, de acuerdo con la sentencia del 14 de septiembre del año pasado, adquiera mi condición plena de eurodiputado. Así debe ser y por eso hemos realizado y realizaremos todos los requerimientos necesarios ante las instancias judiciales europeas para que nos den la razón”, ha manifestado recientemente en una entrevista en El Nacional.
Con Junqueras ya son 7 de los 9 los presos del ‘procés’ a los que se ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El exconsejero Quim Forn, sale cinco días a la semana 12 horas y media cada día para ir a trabajar a Mediapro; la exconsejera Dolors Bassa, ocho horas tres días a la semana para cuidar a un familiar, el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, puede salir tres días 11 horas cada día para voluntariado, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, tres días a la semana durante nueve horas para cuidado de un familiar y voluntariado, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, 9 horas y media cinco días por trabajo y voluntariado, y Raül Romeva tres días entre semana, seis horas cada día, para trabajar en una asociación privada.
La consejera catalana de Justicia, Ester Capella, ha dicho que el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario “se aplicará a todos” los líderes independentistas condenados por sedición, los 9 que están en la cárcel.
Los dos a los que no se ha aplicado hasta el momento son Josep Rull y Jordi Turull.
Manos Limpias presentó el pasado 18 de febrero una denuncia contra la consejera catalana de Justicia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos delitos de prevaricación y fraude de ley, por “favorecer” a los presos del ‘proces’.
El artículo 100.2 es de aplicación inmediata, aunque es obligatoria su comunicación al juzgado de vigilancia penitenciaria, que informa a la Fiscalía para que fije su posicionamiento.
Posteriormente, el juez decide si lo ratifica o lo rechaza, una decisión que puede ser recurrida por el Ministerio Público ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que tiene la última palabra.
Hasta la fecha, la Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a que se aplique esta medida excepcional a Sànchez, Forn, Cuixart y Bassa.
Considera que se enmarca en un plan para otorgarles “de forma generalizada un régimen de semilibertad”.
En el escrito remitido ayer al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Barcelona oponiéndose a que se aplique a Bassa el régimen del 100.2 criticó que las Juntas de Tratamiento de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Gerona) y Mas d’Enric (Tarragona) hayan aplicado el 100.2 a siete de los nueve presos del ‘procés’, al considerar que tienen “la pertinaz voluntad de ir dejando poco a poco, pero sin pausa, sin contenido” la sentencia del Tribunal Supremo y reiteró que hay una voluntad de otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad.
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