Establece que la intervención fraudulenta de un tercero que suplanta la identidad de otra persona no excluye la infracción de la empresa por falta de consentimiento inequívoco para el tratamiento de datos personales que exige la Ley de Protección de Datos.
Se trata del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exdirector general de Trabajo Juan Márquez, por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.
El TS destaca la gravedad de la corrupción urbanística y el daño que hacen al sistema democrático y al interés general los cargos públicos que se lucran.
