La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha declarado concluso el sumario del 1-O y ha remitido los autos y las piezas de convicción a la Audiencia de Barcelona para la celebración del juicio a una treintena de cargos y excargos del gobierno catalán y empresarios por la organización del referéndum ilegal.
Entre los exaltos cargos del ejecutivo de Carles Puigdemont están Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo.
También hay cargos del ejecutivo catalán actual, de la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y empresarios de companías como Unipost.
Pinchando aquí tiene la lista completa.
En un auto fechado a 8 de septiembre, la magistrada reclama a la letrada de la Administración de Justicia que exprese los recursos de apelación que haya pendientes.
La Fiscalía había pedido el pasado 4 de agosto a la magistrada que se ampliara de nuevo la instrucción de la causa otros 12 meses, ya que aún hay recursos pendientes de resolver, avisando que si no se acordaba, se podía incurrir en «vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».
Gil lo rechazó argumentando que no procedía porque ya había sido prorrogada.
La magistrada procesó en abril de 2019 a esta treintena de investigados por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.
Los procesó al constatar que supuestamente tenían un “plan común” y que existía el firme propósito del gobierno de Carles Puigdemont para impulsar el 1-O pese a ser conscientes de que era una ilegalidad.
Para 17 de ellos, los procesados por malversación, fijó una fianza por responsabilidad civil de casi seis millones de euros (5.803.068,67 euros), cifra supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Y les dio un día, una vez que se les notificara la resolución, para que la abonaran, con la advertencia de que si no lo hacían se procedería al embargo de sus bienes suficientes para cubrir esta responsabilidad pecuniaria.
Un mes después trascendió que empezó a embargarles porque de la fianza de 5,8 millones de euros impuesta sólo consignaron 3,7 recaudados a través de la Caja de Solidaridad.
La magistrada levantó la imputación a 15 investigados, entre ellos Carles Viver Pi-Sunyer y Santiago Vidal.
Además, señaló que no era competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluis Salvadó, dada su condición de aforado.
LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN FEBRERO DE 2017
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona tenía abierta desde febrero de 2017 la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso separatista cometidos presuntamente por miembros del gobierno autonómico catalán o vinculados a él.
La magistrada Alejandra Gil Llima es la titular de este Juzgado desde el 29 de noviembre de 2018.
La plaza quedó vacante tras el fallecimiento del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que fue quien ordenó el operativo llevado a cabo entre el 20 y el 21 de septiembre de 2017 para truncar los planes del referéndum en las Consejerías de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la de Economía, que dirigía entonces Oriol Junqueras.
Se saldó con la detención de 14 personas, la imputación de 20 individuos, 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas de este referéndum que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
En uno de esos registros, en el domicilio de Josep María Jové, la Guardia Civil encontró el documento Enfocats, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, y una agenda con nombres y reuniones de los supuestos implicados en la misma.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, por orden del magistrado Ramírez Sunyer, fueron la base que posibilitaron a la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ordenar la prisión preventiva de Junqueras y siete exconsejeros.
La Guardia Civil lo condecoró en octubre de 2019 a título póstumo con la Cruz de Plata.
También condecoró con la medalla al mérito de la Guardia Civilcon distintivo blanco a Montserrat del Toro, la letrada judicial que dirigió el registro de la Consejería de Economía el 20-S, que llevó a cabo un grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y que tuvo que salir por el tejado.
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